Malos negocios, pésimos negociadores

En tiempos recientes, el pueblo boliviano se desayuna a diario con una serie de noticias de pésimos negocios realizados por altos funcionarios del Gobierno, operaciones financieras que en total llegan a cifras monetarias verdaderamente multimillonarias y que fueron financiadas con dineros del Estado, vale decir el dinero del pueblo.

La lista de esos malos negocios llega a niveles poco menos que escandalosos que serían resultado de negociaciones a cargo de personas de escasa capacidad para atender los asuntos del Estado, aunque no deja de afirmarse que se trataría de personas inescrupulosas que, aprovechando sus funciones administrativas, caen en actos de irresponsabilidad y corrupción.

En ese panorama de malas operaciones financieras en días recientes se presentó una escalada de denuncias de lamentables compras de parte de entidades estatales, así como de acusaciones a funcionarios públicos y personas allegadas a las altas esferas de la administración pública. Tan ostensible en la cadena de casos de oscuro origen, que no puede dejar de ser recordada por la opinión pública.

El caso más reciente sería el de tres equipos de perforación que adquirió el Estado a una empresa china, los cuales tuvieron costo de 60 millones de dólares y que estaban en dudosas condiciones de ser puestos a trabajar. Retrocediendo un poco en el tiempo, se encuentra el negociado de las barcazas, también con una empresa china, por las cuales se pagó por adelantado alrededor de 40 millones de dólares y que, hasta el presente, no se sabe cuándo serán entregadas al país. Otro asunto es el de tres aviones también chinos.

Otro negocio no menos escandaloso es el relacionado con la empresa estatal china CAMC, con la cual se firmó contratos por cerca de 600 millones de dólares para siete proyectos, cuya realización se ha puesto en duda a raíz de la denuncia sobre que su aprobación habría sido resultado de tráfico de influencias por parte de una señora relacionada con el primer mandatario.

Con anterioridad el país quedó escandalizado con lo ocurrido en el Fondo Indígena, donde dirigentes indígenas manejaron alrededor de cuatro mil millones de bolivianos, de los cuales la mitad se dirigió a proyectos fantasmas, negociado que tuvo tan grandes alcances que hizo perder, entre otras causas, el último referéndum al partido de gobierno.

Los analistas políticos atribuyen esos resultados a varias causas. El primero sería la actitud voluntarista del supremo Gobierno que practica el principio de “meterle nomás”, la entrega de obras sin licitación a empresas de dudoso origen, la falta de idoneidad en los funcionarios, la presencia de una política populista sin principios, la inexistencia de normas éticas, la opinión de que el Estado es mal administrador, etc. En esencia, la vigencia de un régimen carente de seriedad y capacidad administrativa.