Investigación fiscal paralizada

La alcaldesa de El Alto, entre otras denuncias, reiteró en el Senado la falta de celeridad en las investigaciones de la Fiscalía sobre el asalto e incendio de dicha sede el día 17 de febrero pasado. Recordó que se trata de un atentado planificado, dirigido a la quema de la documentación esclarecedora de peculados cometidos en la anterior gestión, sin embargo, en El Alto se teje versiones acerca de que se buscaba la eliminación física de la autoridad edil, quien afortunadamente no se encontraba en la alcaldía.

El uso de gasolina habría provocado el incendio, rememoró Soledad Chapetón. No es aceptable que padres de familia -integrantes de la marcha- tuvieran intención de cometer semejante extremo y se deduce que los implicados en abusos administrativos y los opositores jurados de la alcaldesa planificaran estos actos, ocasionando la muerte de 6 funcionarios municipales y 26 heridos: la amenaza de convertir en “una pesadilla” la labor de Chapetón cobra así patética realidad.

La autoridad fue citada inclusive bajo conminatoria del presidente de la Cámara Alta de requerir la fuerza pública para hacerla comparecer, constituyendo un claro exceso y carencia de consideración a la representante de una institución estatal autónoma digna de respeto. No puede ser más evidente que como cualesquier alcaldes, la del El Alto solo debe responsabilidad ante el concejo edil de ese municipio, tal como hizo notar la titular.

La compareciente puso en evidencia que no declararon por los menos 10 personas en plan de agitación e identificadas plenamente en imágenes, y que de 14 detenidos solamente 2 están imputados. José Peña, entonces comandante de la Policía de El Alto, incurso en omisión de deberes y denegación de auxilio, goza de libertad irrestricta, mientras 2 funcionarios municipales guardaron detención, pero continúan recluidos domiciliariamente. Esta situación paradójica parecería recoger la versión del ex viceministro Marcelo Elío de un “autoatentado”. A la postre, esta apreciación no pudo menos que determinar su renuncia al cargo, tal vez sumada a las aseveraciones de que antes de la marcha rondaba la zona en un vehículo.

Además de haber sido intimidada con recurrir a la Fuerza Pública, la alcaldesa tuvo que escuchar en el recinto legislativo la inculpación del senador Pedro Montes de ser “la única responsable del ataque”. El mismo la calificó como “carajilla”. A finales de febrero el presidente Evo Morales coincidió en que el ataque se debió a la propia alcaldía, “a la derecha”.

En fin, mucho se podría decir de este peculiar caso que, para escándalo internacional, se dieron el lujo de ofrecer los agitadores y malos perdedores de privilegios. Aunque se desea un total y pronto esclarecimiento del hecho, todo indica que el Ministerio Público se halla en espera de que se enfríe la atención pública para que el caso se diluya en la nada, recobrando poco a poco su libertad los detenidos, sin pena ni culpa, tanto más si no pocos entre ellos son afines al partido de gobierno, por lo menos así viene ocurriendo en la ya larga lista de situaciones parecidas.