Idus de marzo

Las calles de las principales ciudades brasileñas volvieron a ser este viernes plataforma de protestas en contra y a favor de la presidenta Dilma Rousseff y de su mentor Luiz Inácio Lula da Silva, al agravarse una espiral que parece próxima a un clímax para definir el rumbo institucional del país más grande del continente. Sin un comando efectivo sobre la política y la economía de su país, el gobierno y el Partido de los Trabajadores (PT) parecen haber cedido al descontento el dominio de las calles.

La divulgación de grabaciones telefónicas en las que la presidenta anunciaba a Silva que le enviaba las credenciales que lo convertían en Ministro de la Presidencia enardeció a sus opositores y el expresidente quedó lejos de ser ministro con mando efectivo y menos de estar protegido ante la eventualidad de una orden de arresto. En la tarde del viernes, aún se debatía si llegaría a ejercer funciones. La designación, anunciada en pocas palabras salpicadas de afecto entre ambos líderes, fue vista como un intento de proteger al ex presidente ante investigaciones que apuntan a él y a miembros de su familia en actos de corrupción administrativa. Estos días, los idus de marzo han lucido como en desfile olímpico frente a los dos dirigentes y su partido.

En las horas siguientes, el PT intentaba asumir visibilidad luego de haber sido eclipsado por las concentraciones de millones de brasileños en todo el país que reclamaron la salida de la presidenta. Lucía difícil que pudiese restaurar la imagen de sus dos líderes acosados por la justicia. Las tribulaciones políticas de ambos se agravaron y entraron en un conteo descendente cuando, el jueves, quedó conformada la comisión de 65 miembros que deberá decidir si existen méritos para juzgar a la presidenta.

El informe que emita esa comisión será votado por la Cámara Baja, donde la oposición y los críticos de Rousseff son mayoría. De ser condenatorio y ganar aprobación, el Senado asumiría el juicio y la presidente sería apartada de sus funciones por 180 días. El tribunal juzgador lo presidiría el Presidente de Corte Suprema. De ser culpada, la presidente perdería sus derechos políticos durante ocho años. Una situación así no sería desconocida para los brasileños. Sería una repetición de 1992, cuando Fernando Collor de Mello fue alejado de la presidencia y perdió sus derechos políticos.

Los problemas de Brasil han hecho tocar a rebato las campanas de las izquierdas en todo el mundo, que perciben el peligro de extinción del intento de revivir desde el nuevo mundo el socialismo que representó la desaparecida unión Soviética y sus satélites. La angustia de unos no equivale a la felicidad en otros. El universo político del mundo capitalista no logra todavía zafarse de turbulencias del quinquenio anterior, a pesar de las ventajas que ofrece la caída vertiginosa de los precios del petróleo, de los minerales y de los productos agrícolas.

Los informados previenen que un naufragio político en Brasil podría operar con la fuerza de un sifón sobre sus vecinos ideológicos y fronterizos, que difícilmente podrán alejarse del área de turbulencia. Al moverse una ficha fundamental del juego que ha regido sobre gran parte de América del Sur en la primera y segunda década del siglo, el paisaje político del continente ingresaría a un período de cambios bruscos, impensables hace solo pocos años.

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