Organizaciones llaman a un plantón para evitar retorno de Marín a la Asamblea

(ANF).- Organizaciones sociales del movimiento de mujeres en La Paz convocaron a un plantón el martes en la Asamblea Legislativa Departamental, para evitar que Marín Sandoval retorne a sus funciones porque al agredir a su pareja violó la Constitución Política del Estado y la Ley 348.

Rosario Ricaldi integrante de la Coordinadora de la Mujer criticó que el asambleísta departamental pretenda volver a sus funciones, advirtió que la Asamblea Legislativa Departamental tiene la obligación de erradicar la violencia y cumplir las leyes del país.

“Estamos peleando para que una autoridad que fue en contra de la Constitución y violentó la Ley 348 por agredir a su pareja, no tiene moral para ser autoridad departamental”, sostuvo Ricaldi, para quien este asambleísta en su calidad de agresor no puede garantizar la aplicación de políticas que tienen como objetivo eliminar toda forma de violencia contra las mujeres.

“No me garantiza que siendo un agresor va a cumplir estas políticas. Quiero llamar la atención de la asamblea (porque) tiene la responsabilidad de priorizar la erradicación de la violencia. Les pregunto: ¿cómo lo harán si habilitan a un agresor como autoridad?”.

Esta semana que viene, la asamblea resolverá la situación de Marín, se conoce que incluso en la bancada del Movimiento al Socialismo a la que pertenece existe división. Un grupo apunta a respaldar un retorno, mientras que otros ratifican la suspensión.

La asamblea recibirá a las organizaciones este martes en una audiencia, en ella plantearán los argumentos de por qué deben cumplir la Constitución y por qué no debiera volver a sus funciones.

Ricaldi también recordó a las autoridades electas que las normas hoy facultan a la ciudadanía a revocar de sus mandatos a aquellas autoridades que no son representativas por sus características violentas.

Asimismo en el caso Marín, relató que enviaron cartas al Fiscal General del Estado para revise las actuaciones de la fiscal Karina Cuba, porque existen elementos que no condicen con la Ley 348. Según contó el asambleísta suspendido ya tenía antecedentes de agresión, por lo que no correspondía la conciliación.

“En la actuación de la fiscal Cuba existe un sesgo de género, hubieron resoluciones que no se ajustaba a la norma. Y hay un sesgo patriarcal en la mayoría de los administradores de justicia”.