¿Mal negocio? Aviones chinos que no vuelan

Entre los muchos negocios que realizan tanto el Gobierno como empresarios de la China roja, últimamente se ha tenido que lamentar la existencia, parece que desde hace mucho tiempo, de aviones chinos comprados con 34 millones de dólares; pero aviones que no vuelan, que están parados en hangares o sitios de parqueo porque “no existen los repuestos necesarios para hacerlos volar”.

Hay preguntas que surgen por todo lado: los compradores bolivianos que hicieron el negocio ¿no comprobaron si los aviones servían, si estaban aún en condiciones de prestar servicios? ¿Si tenían los repuestos que forzosamente deben tener al ser vendidos? ¿Si motores a hélice -aunque ya obsoletos- están en buenas condiciones? ¿Si nuestros pilotos han recibido, junto a mecánicos bolivianos, los entrenamientos debidos en el sitio de compra? Y la pregunta más importante: sino volaban ¿cómo llegaron a nuestro país, o es que fueron “habilitados” solo para cruzar el océano y llegar seguros a destino?

Es increíble cómo se ha obrado en este caso que, de todos modos, es igual al de las barcazas chinas que, se dijo que ya llegarían y nunca arriban a nuestro territorio, los casos de Papelbol, Cartonbol y otros negocios que no marchan, no funcionan ni responden ante nadie. ¿Qué pasó realmente con los aviones chinos? Aunque se informó, hace pocos días, que uno de los aviones funciona y entraría en servicio; pero, ¿y los otros dos? ¿Para cuándo se prevé el arribo de repuestos y cuánto dinero demandará su arreglo y puestas las aeronaves al servicio?

Hay miles de interrogantes con este y otros casos que las respectivas autoridades deberían responder porque dejar que “el silencio mate todo”, no es correcto, ni justo ni responsable. El país tiene derecho a pedir cuentas y saber qué se hizo con inversiones millonarias en lo que no sirve y, si llegan a servir, será previo gasto de mucho dinero, tiempo y utilización de técnicos.

El caso de los aviones caros y que no vuelan, es una muestra más de lo peligroso que es realizar compras sin licitación, sin que se haya escogido entre varias propuestas a la mejor y que reúna las condiciones más apropiadas y aceptables para el país. No licitar compras mayores a determinada cantidad de dinero que establecen las reglas legales, no es bueno ni para el Estado ni para el Gobierno. La licitación es una regla general que no puede ni debe ser soslayada porque las compras directas no corresponden por ser ilegales y contrarias a la economía nacional; son pasos en falso que se da y que nunca benefician a los destinatarios. El país pide que las licitaciones sean precisas, transparentes y responsables; lo demás es crear problemas inútiles para el Estado y el propio Gobierno.