La causa marítima y el caso del Silala

Si hay un interés, causa, motivo, conveniencia o magno derecho que nos une a gobernantes y gobernados de todo tiempo, es el caso de nuestro retorno a siquiera una parte de la extensa costa sobre las aguas del Pacífico que nos arrebató injusta y arbitrariamente el gobierno y ejército chileno el año 1879 con una invasión armada a la ciudad de Antofagasta. La unidad es el eslabón indestructible que nos muestra caminos muy claros para el porvenir.

Los planteamientos hechos a la Corte Internacional de La Haya corren su curso luego del reconocimiento de ese Tribunal de tener competencia para tratar y considerar nuestros derechos y que, felizmente, fueron encarados por el gobierno del presidente Morales, actitud que ha sido aplaudida y apoyada por todo el pueblo; pero, hay que evitar que intereses subalternos, posiciones chauvinistas, actitudes populistas y demagógicas den lugar a que puedan presentarse fisuras en la conformación de la Comisión que está encargada de llevar a buen término los trámites o negociaciones ante el Tribunal de La Haya.

La Comisión, integrada por hábiles y experimentados negociadores nacionales e internacionales, conjuntamente el ex-presidente Carlos Mesa Gisbert (historiador, investigador, estudioso del problema marítimo, periodista) en calidad de Vocero del Estado boliviano, ha mostrado debidas, oportunas y eficientes labores para demostrar ante el mundo los derechos que nos asisten y ha cumplido descollante e importante labor y no habría, al menos de momento, quién lo reemplace para cumplir con eficiencia y responsabilidad la importante función que tiene.

Esas diferencias, ya habidas, resultan nimias si se quiere frente al magno problema, resultan insignificantes puesto que, felizmente, han sido superadas y se tiene la seguridad, a nivel de todos los bolivianos, que seguirá toda la Comisión incólume y con el apoyo más decidido tanto de gobernantes como de gobernados porque el problema no es sólo incumbencia de este gobierno o de la actual generación; es, desde hace muchas décadas, interés e incumbencia de gobernantes y generaciones de bolivianos que nadie puede desconocer y el mayor deseo es que con la intervención decidida y decisiva del Tribunal de la Haya se llegue a entendimientos claros y precisos con el gobierno de Chile, mediante el diálogo sincero y honesto.

Marginalmente, se presenta el caso del uso por parte de Chile de las aguas de manantiales del Silala, propiedad de Bolivia, aguas que sirven a muchas ciudades chilenas dándoles vida y seguridad. El caso, tratado en diferentes oportunidades, nunca tuvo las soluciones precisas debido a que el contrato firmado el año 1908 por la Prefectura de Potosí con la empresa Bolivian Railway company, había vencido el año 1959; desde esa fecha, ningún gobierno se preocupó por componer la situación ilegal que la Prefectura de Potosí creó al firmar, en nombre del Estado boliviano, un contrato inconstitucional. El caso recién tuvo algún eco en 1997 en que el gobierno decretó la conclusión del negocio que se había prolongado por muchos años; pero tampoco desde entonces se hizo algo para poner fin a un uso arbitrario del Silala por parte de los gobiernos de Chile.

En los últimos días, el gobierno anunció la decisión de “seguir un juicio a Chile por el uso de las aguas del Silala, aguas que provienen de una vertiente nacida en territorio boliviano”. Muchos miembros de la comunidad nacional se han pronunciado al respecto y han hecho aportes que podrían mostrar caminos que permitan remediar una situación que no debe continuar y, en el futuro, sea mediante juicios ante Tribunales de La Haya o cualesquiera medios que incluyan el diálogo, el problema debe arribar a soluciones.

Muchos estudiosos e historiadores, conjuntamente comisiones de gobiernos, han estudiado el problema y, en casos, han propuesto soluciones que no tuvieron eco en quienes podían aplicarlas. Como parte de las inspecciones han surgido propuestas para estudiar la construcción de obras de infraestructura para aprovechar las aguas como la instalación de una embotelladora de las aguas; la instalación de piscinas especiales para la crianza de truchas y otros peces; organización de operativos de turismo, en conjunción con el empresariado privado y otros proyectos. ¿Qué pasó con todo ello?

Por todo lo avanzado en el tema marítimo y lo que se haga con el caso de las aguas del Silala, ningún problema en el país debe tener mayor prioridad. Hay que dedicar a ambas situaciones atención y dedicación plenas, sin hacerlos instrumentos político-partidistas, sin discordancias de ninguna clase y mediante el mayor fortalecimiento de la unidad, habida cuenta que el magno problema del mar es irrenunciable para todos los bolivianos.