• Justicia, violencia sexual, terapias de rehabilitación y reinserción social y familiar son algunos de los derechos vulnerados
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó ayer un informe sobre la situación de 480 adolescentes privados de libertad en el país que viven irregularidades y violación a sus derechos humanos en los centros penitenciarios.
Villena recordó que Bolivia, de acuerdo a la Convención de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el Estado boliviano, se determinó que “todo niño o adolescente privado de libertad deberá ser tratado con humanidad, estará separado de los adultos, tendrá derecho a mantener contacto con su familia y a tener pronto acceso a la asistencia jurídica u otra asistencia adecuada”.
Añadió que el artículo 277 del Código Niña, Niño y Adolescente indica que los Gobiernos Autónomos Departamentales son responsables de la creación, implementación, financiamiento, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones, centros especializados y programas para garantizar la correcta ejecución de las medidas y sanciones. Apuntó que la implementación ha sido lenta e ineficiente, y la situación de los adolescentes privados de libertad no ha mejorado.
DATOS
Según revela la verificación, se encontró que en los 20 centros de reclusión visitados, existe un total de 480 adolescentes privados de libertad, de los cuales 440 son varones y 40 mujeres. El 37% (176 personas) se encuentran en Santa Cruz, el 21% en Cochabamba y el 11% en La Paz. El 29% tiene entre 13 y 15 años y el 71% tienen entre 16 y 19 años. Hay 4 de 13 años y 26 de 14 años.
El 60% está en calidad de detenidos preventivos, mientras que el 40% tiene sentencia. En La Paz, el 78% no tiene sentencia y en Santa Cruz el 75% se encuentra en esta situación, superándose la cifra que registran las personas mayores privadas de libertad sometidos a esta irregularidad.
El 37% de los casos por los que están detenidos las y los adolescentes está referido a robos, el 34% a delitos sexuales, el 20% a delitos contra la vida y la integridad y el 6% a casos de narcotráfico.
Villena aseguró que lamentablemente la atención que se encuentren privados de libertad adolescentes acusados de delitos como “amenazas”, “asociación delictuosa” o “destrucción de bienes del Estado”.
Aseguró que lo más grave es que a estas alturas no se han trabado en la construcción de una justicia restaurativa, y ha quedado en un simple enunciado.
RECOMENDACIONES
En ese sentido, el Defensor realizó las siguientes recomendaciones al Ministerio de Justicia, con el objetivo de asumir su rol para facilitar no solo información, sino mecanismos, herramientas y modelos a ser aplicados por las gobernaciones así como hacer el seguimiento a la definición de presupuestos reales que permitan implementar el sistema en toda su dimensión.
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