Ley 348 y violencia contra la mujer

La Ministra de Comunicación, la Presidenta de la Cámara de Diputados, la Ministra de Transparencia y otras altas autoridades del gobierno deberían leer el contenido de la Ley 348 y sus alcances, que es para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. El Art. 21 en parte habla de la reparación para las mujeres en situación de violencia, así como de la persecución y sanción a los agresores. El Art. 7 sobre violencia sicológica se refiere a amenazas, insultos, humillación, difamación, desvalorización, chantaje, desprecio y otros. Asimismo la violencia mediática es producida por medios masivos de comunicación que difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen. Este mismo artículo manifiesta que toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia… tendenciosa o pública que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada, afecta el nombre la dignidad, la honra de la mujer.

Aquellas autoridades que arremeten contra la mujer, para defender sin pudor algunos desaciertos públicos y privados de su máximo líder, con abuso de poder, prevalidos de la situación política que disfrutan, tendrían que ser sancionadas. Posiblemente por temor a represalias la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo mantienen hermetismo.

La violencia contra la mujer es un hecho cotidiano en nuestro país, cometida por sus autores (también por mujeres que ofician de autoridades), siendo muy poco atendida por la insensibilidad y la ausencia de criterio serio de la sociedad, aunque debería ser tratada como amerita. ¿Será precisa una escalada de violencia dramática para salir de nuestra indiferencia? No es un problema aislado, por lo que debemos enfrentarlo colectivamente, sin ignorarlo, ya que esto sería potenciarlo.

La violencia contra la mujer ha sido poco tratada debido a que resulta difícil vencer la resistencia proveniente de creencias sociales, culturales y políticas hoy, que definen sin duda a las personas en este sentido. La experiencia demuestra que quienes vienen de familias donde se practica violencia familiar, o pertenecen a núcleos políticos que no tienen valores éticos y morales, llevan consigo las secuelas de estos actos.

Pese a que ya está vigente la Ley contra la violencia a la mujer, se ha podido observar el aumento de las denuncias por casos de agresiones contra mujeres, incluso por parte, sorprendentemente, de autoridades políticas, policiales y judiciales.

Pese al conocimiento de leyes, no se las cumple en su verdadera dimensión, según el tipo de violencia y gravedad que implica la infracción cometida. Se ha manifestado reiteradamente que la ley es vulnerada, no se sanciona como debería ser y tampoco se da un tratamiento psicológico clínico a la víctima, es decir no se pone freno a esa violencia y mucho menos se trata de aplicar el remedio necesario, y el agresor sigue incurriendo en violencia y hasta con mayor frecuencia.

Lo importante es tener conciencia de que somos seres humanos con los mismos derechos, igualdades y prioridades mencionados en la Constitución Política del Estado. Por esta razón se debe dar tratamiento a los individuos que cometen violencia. De esta manera formaremos un país con menos violencia, procurando erradicar este mal y brindar una mejor imagen del país.

Quiero añadir que en Bolivia no se respeta las normas jurídicas, aunque éstas no son producto de la autoridad, arbitrio o imposición, sino del sentimiento de justicia. Quienes ofician de autoridades en todos los niveles tendrían que conocer que el valor supremo del Derecho es la Justicia. Deberían saber que axiología trata de los valores éticos y morales. El desconocimiento a estos principios básicos da lugar a actuar con violencia. Es conocido que las repercusiones jurídicas del proceder de las autoridades indicadas son tanto de orden civil como penal. Lamentablemente, poco a poco en Bolivia prolifera el mal uso que hacen funcionarios públicos de su autoridad circunstancial, actuando abusivamente y con alevosía.