Los médicos y personal administrativo de la Caja Petrolera de Salud ingresaron a un paro indefinido debido a supuestos hechos de corrupción dentro de esa institución aseguradora.
El Sindicato de Médicos y Ramas Afines de la Caja Petrolera de Salud demanda la restitución del administrador regional de La Paz, José Antonio Uzeda. Además de injerencia política y mal manejo de cargos administrativos.
Además, los médicos de la Caja Petrolera de Salud se declararon en estado de emergencia, debido a presuntas irregularidades en la administración, y exigen el seguimiento a los procesos en contra de autoridades que volvieron a asumir cargos en la entidad.
El ejecutivo del Simra, Walter Coca, indicó que existe una suerte de injerencia dentro de la administración de la caja que genera caos y confusión entre el personal.
OTRO PROCESO
Entretanto, la exjefa nacional de Planificación de Gestión, María Rothe, informó que inició una demanda penal en el Ministerio Publico contra la Caja Petrolera de Salud.
La demanda presentada por Rothe señala el uso indebido de influencias contra el director general doctor Víctor Hugo Villegas Quiroga, quien supuestamente habría obtenido ventaja en su cargo.
Además, señala que existen resoluciones contrarias a la constitución y normas, nombramientos ilegales, encubrimiento, conducta antieconómica por supuestos hechos de corrupción suscitados dentro de la instancia.
“La regional La Paz está en paro indefinido debido a que ayer (martes) he presentado una demanda penal por encubrimiento en contra del director ejecutivo nacional de la Caja, Víctor Hugo Villegas, por el delito de encubrimiento al director administrativo financiero Álvaro Lafuente quien tiene dos procesos penales que han producido un daño económico a la Caja Petrolera”, dijo.
Rothe, quien fue destituida del cargo por denunciar irregularidades en la institución, manifestó que Lafuente tiene procesos penales, uno de esos es el referido a Aerosur, en el que condonó la deuda que tenía con la Caja por concepto de aportes devengados, condonación que llega al menos a 4 millones de bolivianos.
“Este en cálculo de las UFV debe llegar a los 42 millones de bolivianos, del proceso que estaba en curso, pero cuando llega Villegas lo que hace es despedir al asesor legal, al sumariante y al responsable de transparencia, encargados del proceso, lo que muestra que a todas luces hay encubrimiento”, concluyó.
Hasta el cierre de la presente edición se esperó la convocatoria a una conferencia de prensa que se anunció se realizaría en horas de la tarde.
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