Como ocurre desde los años 90, en los primeros meses de cada gestión el Gobierno, de acuerdo con los índices inflacionarios del año anterior, en el Presupuesto General de la Nación fija un porcentaje de aumento para la burocracia gubernamental. El porcentaje que se señala sirve como parámetro para que el sector privado determine qué montos, mayores o menores, y de acuerdo con las posibilidades de las empresas privadas, fijen incrementos para su sector.
Sin embargo de que la disposición ha sido clara, año tras año se pretende que sea el Gobierno, conjuntamente el sector privado, el que apruebe el porcentaje para el sector. Corresponde señalar que en todo caso ese incremento debería estar sujeto a negociaciones entre trabajadores y empresarios, sin que el Gobierno tenga que intervenir en la fijación del respectivo porcentaje, salvo para que el Ministerio de Trabajo lo conozca con fines de establecer mediante planillas si se cumplen o no los acuerdos a los que se haya arribado.
Es importante que el sector privado, al igual que el público, reciba un trato equitativo para compensar de alguna manera las incidencias que tendrá en la gestión el fenómeno de la inflación. Muchas veces se dijo que los montos fijados nunca han compensado los índices inflacionarios, reclamo que es justo porque evidentemente el porcentaje determinado para la inflación producida no es el debidamente correcto, porque el Instituto Nacional de Estadística determina ello conforme a cálculos que no reflejan la realidad, puesto que la inflación real es totalmente diferente a la señalada por el oficialismo.
Hay que convenir en que, cualquier porcentaje que se fije no compensa el alza de precios en lo que se consume por parte de la población; en otros términos, no llegan, ni de lejos, a cubrir los montos determinados por la realidad del mercado que generalmente está sujeto al capricho de los comerciantes que fijan precios caprichosos para lo que venden y ello se nota en las grandes diferencias que el público establece.
Es muy importante que el sector privado actúe independientemente de lo que determina el Gobierno para el campo público, porque los porcentajes no siempre pueden ser iguales a los fijados, ya que el sector privado muestra diferencias conforme a la situación de cada empresa y ello se comprueba, cada año, ya que los montos o porcentajes fijados de aumento no son cumplidos por muchas empresas cuyas posibilidades no les permite incrementar montos que no corresponden.
Las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de carácter uni-familiar, no siempre tienen disponibilidad para incrementar salarios como ocurre con las empresas grandes que, además, elevan los precios de lo que producen tomando como base los aumentos fijados para su personal, presupuestos que deben incrementarse por las cargas sociales y otros determinados por disposiciones legales.
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