Ante avance del juicio político

Gobierno acudirá a la justicia por proceso contra Rousseff



La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, durante el acto “Encuentro de Mujeres en Defensa de la Democracia”, en el Palacio del Planalto en Brasilia.

Brasilia.- El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, dijo ayer que el Gobierno apelará a la justicia si avanza el proceso para un juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff, que volvió a calificar de “nulo” e “ilegal”.

El trámite para un eventual juicio político dio el primer paso en firme el miércoles, cuando el instructor de una comisión especial de la Cámara Baja que analiza el asunto consideró que hay méritos jurídicos para un proceso con miras a la destitución de Rousseff.

Sin embargo, en una conversación con corresponsales extranjeros, Cardozo descalificó el informe presentado por el diputado instructor Jovair Arantes, que a su juicio refleja una situación “jurídica absolutamente fantasiosa”, “irreal” e “inconsistente”.

El instructor aceptó la acusación formulada por la oposición, según la cual Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

Más tarde, el Ministerio Público (Procuraduría) de Brasil recomendó la anulación del nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro en un dictamen enviado al Tribunal Supremo, que tiene que pronunciarse sobre una cautelar que suspendió provisionalmente la designación, informó el organismo.

El procurador general de la República, Rodrigo Janot, alegó en su dictamen que identificó en el nombramiento indicios de “desvío de finalidad” debido a que su objetivo sería blindar a Lula con fuero privilegiado en momentos en que enfrenta varios procesos ante la Justicia.

Según Janot, las circunstancias del nombramiento, incluyendo “la actuación bastante inusual de la Presidencia de la República” en el mismo, permiten identificar “elementos suficientes para afirmar la ocurrencia de desvío de finalidad en el acto oficial y, en consecuencia, para solicitar la anulación del decreto presidencial”. (EFE)

 
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