Apelarán detención domiciliaria de Choquehuanca

La Dirección de Asesoría Legal de la Alcaldía de El Alto apelará la decisión del Juzgado Séptimo que determinó la detención domiciliaria de Teodoro Choquehuanca, acusado del presunto desvió de fondos de más de 400 mil bolivianos del bono del Programa de Apoyo a la Reducción de la Deserción Escolar en El Alto (Pardeea).

“Tenemos nuestras serias observaciones con la actuación que ha ejercido el Ministerio de Gobierno que prácticamente hizo de abogado de la parte imputada (Choquehuanca) lo cual lamentamos. En mérito a esas circunstancias nosotros vamos a presentar el recurso de apelación correspondiente”, dijo la directora general de Asesoría Legal de la Alcaldía de El Alto, Sonia Vallejos al término de la audiencia.

En audiencia de medidas cautelares, la juez séptimo Cautelar de control jurisdiccional de El Alto, determinó ayer la detención domiciliaria, arraigo y prohibición de acercarse a cualquier instalación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea), además del pago de una fianza de 30 mil bolivianos y la obligación de presentarse ante el Ministerio Público los días martes y jueves.

La juez advirtió que en caso de que imputado incumpla cualquiera de estas determinaciones, será aprehendido y se revocarán sus derechos.

Vallejos informó que el Municipio planteará la apelación de forma escrita por considerar que la decisión de la Juez “es injusta”, toda vez que se consideró un certificado médico cuando en otros casos éste tipo de certificados no han sido determinantes para beneficiar a los imputados con otro tipo de medidas que no sea la detención preventiva.

El dirigente de la Federación de Padres de Familia del Distrito 3, Teodoro Choquehuanca, es acusado por los presuntos delitos de peculado, conducta antieconómica, contribuciones y ventajas ilegítimas, en un proceso que se venía ventilando en la Fiscal Anticorrupción, por el desfalco de más de 400 mil bolivianos destinados al pago del bono Pardeea.

Choquehuanca también es investigado por los luctuosos hechos del 17 de febrero, toda vez que existirían pruebas de su presencia en la marcha de padres de familia que derivó en el incendio del edifico de la Alcaldía y la muerte de seis funcionarios municipales.