Patético ultimátum

El exabrupto lanzado por el Gobierno en contra de la Iglesia católica, a la que exige nombres de presuntos narcotraficantes vinculados a la actual administración (hoy denunciada y reprochada una vez más por la jerarquía eclesiástica, conforme las reglas de la sana crítica y libre convicción, que además echa mano de la jurisprudencia, exponiendo invariablemente los razonamientos en que se fundó su valoración en el marco de una carta pastoral que advierte el rápido y febril “avance” del narcotráfico), se origina indudablemente en la indolencia del Ministerio Público, organismo que definitivamente no asume la defensa del Estado y la sociedad como un verdadero mandatario del poder público, limitándose a la cándida fiscalización de leyes y a su invariable obediencia servil al Ejecutivo.

Asimismo, es permanente la inquietud de nuestra comunidad por este “avance” en el tráfico de drogas que, al margen de su fabricación y comercialización, hoy se las deriva al ¡consumo interno!, y más aún, cuando se admite la presencia de cárteles extranjeros en las capitales de nuestro país, que amenazan convertir a Bolivia en una suerte de “narco Estado”.

El temerario amedrentamiento indudablemente no conseguirá intimidar a nuestro vocero católico; al contrario y con el derecho a la réplica que le corresponde, nuestra Iglesia con seguridad recusará el absurdo “ultimátum”, reiterando una vez más la reconvención y exhortando a parar el flagelo del narcotráfico.

Es evidente que cuando la Iglesia se refirió al narcotráfico en las estructuras del Estado, no hizo referencia a los mandantes de Bolivia “intuito personae” sino que se refirió a todo el entramado orgánico del aparato estatal con el que se gobierna Bolivia; y es indudable asimismo que la más abundante materia de la prueba la proporcionan los hechos flagrantes conocidos regional y mundialmente, no solamente por ex autoridades que hoy cumplen sentencias ejecutoriadas en cárceles extranjeras, sino también por recientes decomisos de droga efectuados por la Felcn, que suman toneladas y cotizadas por ejemplo, en un solo caso, en 640 millones de dólares por ocho toneladas de clorhidrato de cocaína, que sugieren “Juris tantum” un tácito encubrimiento -salvo que se pruebe lo contrario- como testimonio de la ineficaz acción del Gobierno, que obviamente deviene del imparable incremento del cultivo de la coca.

Se cuenta, pues, con pruebas flagrantes preestablecidas, tasadas y directas que señalan el cuerpo del delito en forma unívoca, es decir concordantes y de íntima conexión que reunidas no pueden conducir a conclusiones diversas.

Finalmente, al margen del absurdo “ultimátum” es necesario recapacitar a la autoridad política por la insensatez de su conminatoria en tratar de inducir a la Iglesia a usurpar el papel del Ministerio Público, y recordarle que la respuesta inhumana del narcotráfico nos enfrenta hoy más que nunca en una verdadera guerra sin cuartel.

En conclusiones; lo expresado por la Iglesia Católica no hace más que advertir y amonestar “duramente” sobre los efectos de la presente “plaga social”, correspondiendo al Gobierno actuar decididamente sobre las recomendaciones, renunciando en principio a la intolerancia ante la crítica, por cuanto esta última es parte de la esencia de la democracia.

“No se puede entender” (expresión cotidiana del Jefe de Estado) un régimen democrático sin crítica, cuestionamiento, disentimiento o enfrentamiento de dos o más ideas o posturas sociales. Si se acepta que la democracia es el gobierno práctico más plural que existe, en consecuencia debe asumirse que la crítica es indispensable para su desarrollo.

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