Tributos nacionales y municipales

Las normas tributarias del país chocan con la realidad económica de la mayoría de la población que produce para subsistir o si tiene algún beneficio, se lo expropia el Estado o el Gobierno Municipal, a través de un mismo sistema impositivo. Ambos niveles se amparan, pues, en el Código Tributario, disposición de corte capitalista para países de alto desarrollo, situación de la cual todavía nos hallamos lejos.

El SIN, por su parte, aplica normas diferenciales para determinados sectores, cayendo en franca discriminación. Por ejemplo, los consultores de las instituciones públicas o privadas solo pueden descargar sus declaraciones con insumos de oficina o útiles de trabajo y otro tanto ocurre con el transporte pesado, que no tuvo más que protagonizar un bloqueo de carreteras, mientras los gremiales amenazan con drásticas medidas de presión contra las acciones y requisas abusivas de los funcionarios de impuestos nacionales.

Cualquier mora impositiva devenga fuertes multas e intereses, multiplicando muchas veces el monto original. Se incurre así en anatocismo, sumando los intereses a la deuda para fines de cobro, anatocismo prohibido por las leyes, pero que el Código Tributario lo practica, haciendo impagables las deudas al Fisco o al Tesoro Municipal.

Tanto o más injusta es la situación de los contribuyentes de las zonas en disputa jurisdiccional entre alcaldías. Tal es el caso de La Paz, con referencia a las localidades vecinas de Palca, Mecapaca o Achocalla, entre otras. Si los propietarios de tales zonas tributan en una de estas alcaldías, en la otra acumulan una deuda que engorda cada año, ocasionando un estado de incertidumbre a miles de familias que sufren las consecuencias de un problema al que son ajenas en absoluto. Es tiempo para que se ponga fin a este estado de cosas mediante una disposición que reconozca como válido el pago a una de dichas municipalidades, sin cargos en la otra mientras se solucione la situación. Exigir el cumplimiento en ambas jurisdicciones es sancionar a los contribuyentes con doble tributación, prohibida por la Constitución además de atentar contra los derechos humanos.

La actual rebaja del 15% a los tributos municipales está poniendo en evidencia, paradójicamente, sumas exorbitantes en las proformas respectivas, de modo que una mora de solamente un año supera el 100% del monto o lo multiplica varias veces según el tiempo transcurrido, irracionalidades como esta muestran la necesidad de revisar a fondo el Código Tributario.

El cobro del impuesto predial o catastral al presente se está realizando en la misma cuantía de la gestión 2014, como analgésico a las protestas por la elevación del 203% de la base imponible dispuesta por una ley municipal. No se sabe cuál será el impacto en el público cuando tenga que pagar la gestión 2016 con el señalado incremento, así como por transferencias de inmuebles y vehículos.