El narcotráfico en Bolivia

En muchos casos puede que no se intervenga en cuestiones ilícitas, pero esto no quita que las personas que se encuentran en esa situación y tengan algo que ver con lo que sucede, opten por el silencio o prefieran no incomodarse para tomar alguna actitud.

De darse situaciones de esta índole, lamentablemente puede estarse incurriendo en tolerancia e incluso en permisividad. Empero, esto no es admisible cuando se tiene la autoridad suficiente para evitar que ello siga ocurriendo. Porque, en primera instancia, es comprometerse y, en lo esencial, incumplir con la responsabilidad que se tiene cuando se trata de obligaciones que impone el ejercicio de tal función.

Los prelados de la Iglesia Católica con mucho acierto y veracidad han señalado que el narcotráfico es un mal que está corroyendo las entrañas mismas de la sociedad boliviana. Más aún, se pronunció al respecto sobre la base de informes de organizaciones que realizan estudios sobre el acontecer nacional y, en casos, que hacen un seguimiento a cuestiones que conciernen al interés público, como en este caso es el narcotráfico.

La reacción del oficialismo en el asunto fue torpe con la Iglesia Católica e incluso beligerante, al exigir que en el plazo de 24 horas sus prelados le entreguen la lista de las personas que desempeñan funciones de responsabilidad en la conducción del país y que estuvieran comprometidas con el narcotráfico.

En cierto modo, adoptó una postura incongruente con la realidad. La opinión pública está informada de forma permanente sobre el crecimiento del narcotráfico en Bolivia. Los medios de comunicación, en general, refieren con frecuencia los operativos anti-drogas.

A través de ellos, se halla al tanto del crecimiento de las plantaciones de la hoja de coca en distintas regiones del país, donde antes no existían. Para ello incluso se está incursionando en algunos parques nacionales. De esta manera, la exclusividad que tenían el Chapare y parcialmente las provincias yungueñas de La Paz, en la producción de la hoja, dejó de ser tal.

La Ley 1008 establecía, además, dos cuestiones importantes. De un lado, que la coca que se producía en los Yungas era legal, porque estaba destinada a la masticación (acullicu), así como a fines medicinales y ritos tradicionales de las cultas nativas. De otro lado, la del Chapare fue declarada ilegal, porque no se presta para estos fines y que, como consecuencia, era apta para que se la utilice como materia prima en la producción de cocaína que, internacionalmente, por ser un estupefaciente que daña a la salud humana, su producción está vedada.

En contraste, el hecho de que las plantaciones de coca han proliferado en el país es la prueba más concluyente de que, de igual manera, creció la producción de la droga. En La Paz se tiene un ejemplo muy ilustrativo. Las provincias yungueñas eran las productoras de frutas subtropicales, como naranjas, mandarinas, plátanos y otras.

Al presente, basta con ir a Chulumani para establecer que las arboledas frutales desaparecieron y han sido sustituidas por las plantaciones de coca. Otro tanto se experimenta en Caranavi, que producía una excelente calidad de arroz que a la fecha desapareció y ahora sus tierras están dedicadas a producir coca.

Sin embargo, la constatación más concluyente de esto es que cada vez se ubica laboratorios clandestinos destinados a la producción de cocaína. A pesar de que la policía antidrogas refiere con frecuencia que procedió a su destrucción, pareciera que en la práctica no altera mayormente a que se siga elaborando cocaína en cantidad creciente.

Esto se pone en evidencia con otros informes, igualmente policiales, que dan cuenta de incautaciones de cocaína en volúmenes de consideración. Algunas veces incluso informó que se acercaban a decenas de kilogramos, si acaso no cercanas a la tonelada.

Por supuesto, bien se sabe que cuando se procede a estas incautaciones, en buenas cuentas son reducidas, en cuanto al total de lo que se produce en el país, pues los narcotraficantes encuentran siempre los modos de seguir en actividad.