Cocaleros buscan regular a las redes sociales

Ha causado extrañeza y preocupación en la comunidad nacional el que la “federación de productores de coca del trópico de Cochabamba presentará al Presidente de la República el proyecto de ley destinado a regular el contenido de mensajes que se difunde en las redes sociales”. El vicepresidente de dicha federación explicó los alcances de la resolución “con el fin de evitar un mayor desgaste político del gobierno y del proceso de cambio” (EL DIARIO 28/3/16).

Se ha indicado, además, que el propósito es “tener una idea de cómo cortar la mentira y la calumnia que se difunde contra diferentes autoridades. Si vamos a tener redes sociales que sea para la verdad, la educación, la juventud y para la niñez, que no sea para engañar al pueblo”. Señaló, además, que con esa propuesta “salvarán su responsabilidad para cuidar la imagen del Presidente”.

Las redes sociales son una expresión de la libertad de expresión, representan, de una u otra manera, el sentir y el pensamiento de quienes intercambian ideas y criterios sobre los acontecimientos políticos, económicos, sociales o de otra índole y que normalmente no pueden acceder a los medios ordinarios de comunicación social como son la prensa, la radio y la televisión. Las redes sociales son, de algún modo, una extensión de todos los medios de comunicación mientras cumplan con honestidad y responsabilidad quienes las utilizan.

Evidentemente, medios de comunicación o redes sociales que no se ciñan estrictamente a principios morales, a la Constitución y las leyes y vulneren los derechos de respeto y consideración que merecen las autoridades y la colectividad en general, actúan en contra de sus propios principios y son censurables en todo sentido; pero, si se atienen a reglas claras y terminantes sobre principios morales y respeto a la Constitución y las leyes, no hacen otra cosa que utilizar un derecho y hasta cumplir una obligación de servicio al Estado a través de lo que digan sobre el Gobierno, sea censurándolo o aplaudiéndolo y, además, sean medios de servicio al país y toda la colectividad nacional que conforma el Estado boliviano.

Quienes se atribuyen derechos para proponer o proyectar censuras o regulaciones a la libertad de expresión no hacen otra cosa que atentar contra derechos fundamentales del ser humano. Los medios de comunicación y las redes sociales, si cumplen con principios elementales de respeto y consideración al bien común, no hacen otra cosa que cumplir con su deber y, regularlos, censurarlos, reglamentarlos o someterlos a interés y conveniencias no le haría ningún bien al Gobierno y menos a la sociedad en su conjunto.

Desde el 10 de octubre de 1982 vivimos en goce pleno de la Democracia, vulnerar el respeto a la libre expresión es atentar contra todas las libertades y actuar en contra del sistema democrático que rige la vida del Gobierno y de toda la comunidad.