Mucho se ha dicho y poco se ha hecho en relación con la cada vez más grave deforestación de bosques y selvas que se produce en el país. El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) hizo saber que nuestro país pierde anualmente 350.000 hectáreas de bosques por la destrucción legal y clandestina. Muchas veces, las autoridades, de éste y de anteriores gobiernos, anunciaron el propósito de “poner coto a la deforestación y que se tomará medidas de control muy efectivas”.
Planes en contra de la explotación de ricas maderas, atentados contra diversas especies de plantas y deforestación permanente por parte de empresas madereras y depredadores de contrabando, no toman en cuenta ninguna disposición para evitar la desertización de suelos en ricas regiones de oriente y occidente del país. El hecho de que CEDIB, por cálculos realizados, haya establecido la deforestación de 350 mil hectáreas de ricos bosques, es muestra del gran descuido que existe en entidades gubernamentales y privadas que debían tomar en serio el problema y adoptar medidas para evitar esos atentados.
Muchas veces se ha amenazado con multas y hasta procesos y cárceles a los depredadores, pero jamás se supo siquiera de una pequeña sanción a empresas que con tal de conseguir ricas maderas, destruyen todo y, muchas de ellas, atenidas a autorizaciones especiales con que cuentan, creen que bosques y selvas son de su exclusiva propiedad, pero sin responsabilidad. Denuncias ante los organismos pertinentes jamás han tenido resultado alguno y simplemente se logró la frase: “Se tomará las medidas para cuidar los bosques”.
Según el documento divulgado por CEDIB, nuestro país registra el nivel más alto de desmontes. “Con aproximadamente 320 metros cúbicos por persona y año, la tasa de deforestación per cápita en Bolivia es una de las más altas del mundo. Representa 20 veces más que el promedio mundial y que, a este ritmo, los bosques de Bolivia desaparecerán el año 2100”, cobertura boscosa que abarca más de la mitad del territorio nacional; es el cuarto país con mayor superficie de bosques en América Latina y El Caribe; sin embargo, esta situación va cambiando paulatinamente”.
Otro dato importante es que “con la desaparición de la cobertura boscosa, el país pierde también un sinnúmero de servicios ecosistémicos como la protección de las fuentes de agua, la regulación del clima que se trasunta en la purificación del aire”. La degradación de suelos se debe también a la expansión de la frontera agrícola, a los llamados chaqueos y a la ausencia de controles porque el 82 por ciento de la deforestación se genera en el desmonte ilegal y el no cumplimiento de normas por parte de empresarios que, se dice, trabajan con autorización”.
Si efectivamente no queremos la destrucción de la naturaleza, es necesario que el Gobierno, conjuntamente entidades privadas, estudie las mejores medidas y, además, exija el cumplimiento de normas; de otro modo, como dice CEDIB, nos veremos privados de bosques hasta el año 2100 y lo más grave, que muchas generaciones se verán seriamente perjudicadas en su vida.
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