Instituciones del país se activan en defensa de recursos naturales

La demanda internacional contra Chile por el uso arbitrario de las aguas de los manantiales del Silala es parte de los pedidos internacionales que asume Bolivia en defensa de sus recursos naturales hídricos. A ello se sumará el reclamo por el desvío de los ríos Lauca y Caquena, además de la explotación de aguas subterráneas a menos de 300 kilómetros de la frontera entre Bolivia y el vecino país. Para tal efecto, las Fuerzas Armadas, la Gobernación de Potosí, junto a la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), iniciaron un trabajo coordinado.

El canciller boliviano, David Choquehuanca, confirmó el inicio de esta estrategia en la política internacional. “El Presidente desde antes ha anunciado la dirección, no solo del Silala, sino sobre el Lauca, el Caquena, el libre tránsito y los daños económicos que ha representado el enclaustramiento. Se trabaja esos temas”, afirmó el diplomático boliviano.

ACUERDO INICIAL DEL SILALA

En la primera gestión de Evo Morales, las cancillerías de Bolivia y Chile acordaron realizar estudios técnicos para medir la cantidad de agua que fluye por su cauce artificial, este estudio debía realizarse durante cuatro años, sin embargo, no llegó a concretarse, según Choquehuanca.

“Nosotros hemos trabajado un documento con Chile, para llevar adelante estudios que tendrán (en ese entonces) una duración de cuatro años. Ese documento que hemos denominado ‘Acuerdo inicial del Silala’ no se firmó. Ese documento era para que empecemos estudios de manera conjunta entre ambos países (para) verificar cuántos litros por segundo pasaban, la edad de las aguas, pero información de manera conjunta”, sostuvo la autoridad.

En ese acuerdo, el canciller boliviano destacó que Chile asumió que hubo “intervención humana” en la construcción de canales que estuvo a cargo de empresas chilenas.

“Lo que teníamos que demostrar con el estudio es en qué medida esto ha afectado el incremento del caudal del agua que va hacia Chile”, agregó Choquehuanca, al recordar que la última reunión que sostuvieron las cancillerías de Bolivia y Chile para hablar del tema fue en 2010, cuando se habló de la “deuda histórica” que tiene el país vecino con el nuestro. Acotó que el silencio fue la respuesta.

CHILE CANCELÓ ACUERDOS PREVIOS

“Chile canceló unilateralmente (los acuerdos previos para los estudios) sin ninguna consulta hasta hoy día”, afirmó Choquehuanca y argumentó que ese fue uno de los principales motivos por el que el gobierno de Evo Morales decidió presentar una demanda internacional ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, primero con el tema marítimo con el cual “nos está yendo bien hasta ahora” y recientemente con la demanda por el uso arbitrario de las vertientes del Silala.

Sin embargo, al mismo tiempo del anuncio de la demanda, el Jefe de Estado boliviano reiteró a Chile su intención de solucionar este y el tema marítimo mediante un “diálogo franco y sincero”.

El agente chileno Miguel Insulza, la semana pasada, descartó esta posibilidad prácticamente descartando un posible acercamiento por los supuestos ataques y política hostil de Bolivia con Chile.

PLAZOS

En relación a los plazos para presentar la demanda por las vertientes del Silala, en canciller Choquehuanca indicó que serán similares al tiempo que se preparó la demanda por soberanía marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

“El propio Presidente (Evo Morales) ha dicho, hablando en tiempos, la preparación va a ser similar al de la demanda marítima, pero ya están trabajando. Yo considero que va a ser un año, tal vez dos años”, sostuvo la autoridad.

En ese marco, la Diremar trabaja en la conformación de un equipo multisciplinario de profesionales y expertos para el estudio técnico y jurídico de la demanda de las aguas del Silala.

APORTES

De la misma forma, las FFAA entregaron al Gobierno central documentación y estudios técnicos y geológicos sobre las vertientes del Silala. El Primer Mandatario adelantó que “los mejores” profesionales castrenses serán parte de este equipo a cargo de Diremar.

Otra entidad que ya se sumó a este trabajo fue la Gobernación del departamento de Potosí que días atrás entregó al Jefe de Estado una copia legalizada de Derechos Reales del documento de concesión de las vertientes del Silala, otra copia legal de la resolución de anulación de dicha concesión, además de estudios geotécnicos que realizó la Universidad Pública Tomás Frías.

DESARROLLO

Además de la Gobernación, se pronunciaron organizaciones sociales y académicas potosinas que expresaron su respaldo a esta política de defender los recursos naturales del departamento. Sin embargo, a este tema se suma también la demanda de atención a varias necesidades de la región del suroeste potosino, puesto que es una de las regiones más postergadas del país.

Representantes de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Suroeste potosino (Frutcas) recordaron al Gobierno central y departamental las necesidades de la región.

Al respecto, el gobernador Juan Carlos Cejas adelantó su compromiso de reiniciar el proyecto fallido del criadero de truchas en el Silala, así como la repoblación de ganado camélido y humano, pero como base de todos estos proyectos el mejoramiento de caminos que conecten al Silala con los centros urbanos “más cercanos” pero distantes a por lo menos 300 kilómetros.

LABOR PATRIÓTICA DE EL DIARIO

La labor patriótica de defensa de los recursos naturales y la soberanía nacional ha sido una constante en las páginas de EL DIARIO. Durante el conflicto del río Lauca, desde febrero de 1962 la denuncia del Decano de la Prensa Nacional se hizo continuo frente a los atropellos de Chile e informando las acciones gubernamentales que se fueron desencadenando hasta la ruptura de relaciones diplomáticas en noviembre de ese año.

El Gobierno decidió reactivar las reclamaciones por el uso de aguas cuyo origen proviene del territorio nacional. Evo Morales anunció que convocará a organismos internacionales especializados para que verifiquen, mediante estudios, que Chile desvió las aguas del río Lauca que, antes de 1962, era compartido por los dos países.