Distrito 7
Vecinos alteños denuncian que el Distrito 7 se encuentra abandonado por la Policía, por lo que exigen la programación de patrullajes policiales constantes.
Rubén Valencia, representante de la jurisdicción, asegura que en el D-7 existen solamente dos módulos policiales destinados al resguardo de 70.000 habitantes.
El entrevistado observó que la ciudad de El Alto, pese a ser la segunda ciudad más poblada del país, aún no recibe atención del con políticas de seguridad ciudadana, a diferencia de Cochabamba o Santa Cruz donde en la actualidad se ha desplegado una cantidad favorable, tanto de uniformados como de equipos logísticos, vehículos, helicópteros.
En lo referente al patrullaje de alumnos de la Escuela Básica Policial en horas de la mañana, el vecino lamentó que este trabajo solamente se concentre en La Ceja de El Alto y no así en otros sectores periurbanos, donde los pedidos de socorro no logran ser atendidos por efectivos policiales.
Para los vecinos del D-7, si bien dieron a conocer su reproche a la acción violenta identificada como linchamiento, piden al Ministerio Público que realice las investigaciones necesarias, con la finalidad de dar con los verdaderos responsables y no efectuar detenciones de personas inocentes.
Edgar Coca, representante de la mencionada jurisdicción, aseguró que los vecinos se encuentran sorprendidos por la detención de 15 personas presuntamente implicadas en el caso de linchamiento de Carlos Llanos.
Asimismo, aseguró que si bien es criticable el uso de justicia por mano propia, las instancias de Gobierno no aplican políticas de Seguridad Ciudadana como corresponde, “destinando mayores funcionarios policiales, porque en la actualidad sólo dos funcionarios hacen el resguardo, donde uno patrulla a pie sin arma de fuego, sin radio de comunicación y el segundo policial suele quedarse de portero de las oficinas, factor que no favorece a la protección de la población”.
Además, agregó que los antisociales llegan a su zona, generalmente, con vehículos y portando armas de fuego, que en algunos casos suelen ser uno o dos motorizados, mientras los vecinos solamente acuden a aplicar sistemas de comunicación para alertar de una presencia extraña en su barrio.
La dirigencia vecinal asegura que los funcionarios policiales cuando son convocados para atender un ilícito generalmente suelen responder con cuatro horas de retraso o sólo el día siguiente, como tratando de averiguar si fue importante o no el hecho. “Es por eso que si bien no justificamos los hechos de violencia, somos claros cuando decimos que en la zona estamos abandonados por la seguridad ciudadana que es responsabilidad del Gobierno”, añadió Coca.
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