Oposición: La legalidad no implica legitimidad

El vocero de Soberanía y Libertad (Sol.bo), José Luis Bedregal, señaló ayer que las condiciones en las que se está procediendo a la elección de autoridades como Defensor del Pueblo, Contralor y titulares para todas aquellas instituciones que están siendo ocupadas de forma interina no implica que la legalidad signifique legitimidad ante el pueblo.

Coincidió con lo afirmado por el expresidente Carlos Mesa cuando mencionó que el nuevo Defensor del Pueblo debería ser una persona como Javier Albó. Dijo, asimismo, que existen ciudadanos de esa talla que podrían postularse, pero que es necesaria la sensatez del oficialismo.

Bedregal enfatizó que más allá de los dos tercios del oficialismo que le darán legalidad a esta elección, ésta deberá tener también legitimidad porque la sociedad civil no aceptará a un “títere” del partido de gobierno.

PRISA EN DESIGNACIÓN

A juicio del vocero nacional, existe mucha prisa en la renovación del cargo que actualmente ocupa Rolando Villena, debido a que por norma la convocatoria se realiza cuando la función queda acéfala, más aún existiendo nombramientos interinos que cursan indebidamente desde hace 5 o 7 años y que pareciera que el reglamento fue elaborado a medida de un Defensor al servicio del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sin embargo, confía en que exista cordura en el oficialismo para elegir un representante de una de las últimas instituciones con credibilidad dentro de la población, debido a que la autoridad continuará en funciones después de este período gubernamental.

Respecto a los otros cargos como el de Contralor, mencionó que existen responsabilidades de orden administrativo. “Ojalá el próximo titular sea capaz de ejercer todo lo que la ley establece, porque su función es señalar e iniciar los procesos que correspondan por faltas administrativas”.

En ese contexto, aclaró que el interinato en el caso de la Contraloría es de tres meses pudiendo alargarse otros tres más, pero que el actual Contralor permanece hace casi 8 años, siendo función del Legislativo y el Presidente del Estado, la designación de esas autoridades.

JIMENA COSTAS

En tanto, la diputada de Unidad Demócrata (UD), Jimena Costas, aseveró que es prioritaria la presentación de postulantes probos a la Defensoría del Pueblo y que es importante el haber culminado una carrera universitaria, cuando el propio Vicepresidente “inventó” dos licenciaturas en su currícula.

Por su parte, el excandidato a diputado por el MAS, Sergio Choque, dijo que el Defensor del Pueblo no debe tener filiación política oficialista ni opositora y que, por tanto, debe ser una persona independiente que defienda los derechos de los ciudadanos, más allá de los compromisos políticos de los defendidos.