Empieza análisis de demandas para evitar juicio a Rousseff

Brasilia.- La Corte Suprema de Brasil comenzó a juzgar ayer cinco demandas contra el trámite para un posible juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, entre ellas una que pide anular parte del proceso, que hoy puede entrar en una fase decisiva.

Esa demanda de nulidad, intentada ayer por la Abogacía General del Estado, será la última de las que analizarán los magistrados del Supremo, en una sesión extraordinaria convocada después de recibir esa acción.

PETICIÓN OFICIALISTA

En su primera discusión, los jueces analizaron una demanda del oficialista Partido Comunista do Brasil (PCdoB) que pedía alterar la forma en que el domingo serán llamados a votar los 513 diputados que decidirán si el trámite para el juicio contra Rousseff llega a la instancia decisiva del Senado.

El PCdoB cuestionó que la Cámara de Diputados decidió que los parlamentarios serán llamados a votar en bloques determinados por los estados que representan, pero la Corte Suprema estableció por mayoría que ese modelo se ajusta a la Constitución y a las normas internas del propio Legislativo.

Sobre la mesa del Supremo están otras cuatro demandas relativas a meras cuestiones de forma, pero la acción intentada por la Abogacía General del Estado pudiera llegar a interrumpir todo el proceso.

TRES SESIONES

Esa demanda fue presentada en vísperas de que la Cámara Baja inicie una serie de tres sesiones, que acabarán con la votación del domingo, para definir si el proceso avanza hasta el Senado, que tendría la última palabra en relación a la eventual apertura de un juicio político contra la mandataria.

El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, denunció diversos “vicios” que, en su opinión, “hieren de muerte el proceso”.

En función de eso, solicitó al Supremo que declare “nulo” el informe aprobado por una comisión de 65 diputados que examinó si existen méritos jurídicos para el proceso.

El informe fue elaborado por el diputado instructor Jovair Arantes, quien aceptó la acusación de que Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

El abogado general explicó que el informe del instructor citó casos “completamente ajenos” a la denuncia, como las investigaciones sobre los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras, “en los que la presidenta ni siquiera ha sido citada”.

En su opinión, “solo eso ya perjudicó el legítimo derecho a la defensa” de la mandataria, que en sus alegatos se limitó a responder a “aquello que era objeto de la acusación”.

Cardozo sostuvo que, “en la medida en que discutieron cuestiones ajenas a la acusación, hubo una contaminación del proceso, porque los diputados discutieron cosas que no se plantean en la denuncia”.

El abogado general, que representa a Rousseff en el proceso, explicó que también ha solicitado al Supremo que “se rehaga toda la instrucción”, que “se aclare el objeto de la denuncia” y que “se abra un nuevo espacio para la defensa”. (EFE)