Primer tropiezo en el caso Silala

El caso de los manantiales del Silala, cuyas aguas fueron desviadas por Chile y que actualmente significan un cuantioso ingreso de dinero para quienes las utilizan, tiene el respaldo de toda la población boliviana y sin lugar a duda de los medios de comunicación en general. En efecto, al haber sido planteado por el Gobierno, el asunto recibió unánime apoyo con la esperanza de que fuese debidamente propuesto por las autoridades para ser llevado a feliz término.

Pero tan pronto el caso fue puesto en tapete, sufrió un tropezón causado por los mismos funcionarios públicos que lo propusieron, causando en esa forma desilusión entre el pueblo boliviano y satisfacción en las autoridades del país vecino, que batieron palmas ante la poco acertada manera de actualizar el problema.

En efecto, al día siguiente que el tema de los manantiales del Silala fue enunciado, la Cancillería boliviana declaró que el caso no era tan fácil de resolver y, además, su solución tardaría mucho tiempo, pues de forma inicial la demanda debería ser preparada por lo menos durante “dos años” y que se estaba estudiando recién la selección de los expertos extranjeros que se encargarían de plantear el asunto para presentarlo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Al presente pasó un mes y se observa que la proposición no avanzó ni un milímetro, a no ser que esté siendo estudiada en secreto por los responsables pertinentes. En efecto, no se volvió a mencionar la formación de la comisión foránea, no se hizo referencia a las bases sobre las que se haría la demanda ante el organismo judicial mundial, ni volvió a ser mencionado, excepto alguna declaración política del presidente Evo Morales.

El asunto de los manantiales del Silala pareciera que está volviendo a empantanarse porque la solución del problema ya no será en poco tiempo, sino por lo menos, como van las cosas, en ocho o diez años. Efectivamente, la contratación de los especialistas extranjeros, la preparación de esa comisión, así como diversas dificultades, tardarían alrededor de un año. La preparación y presentación de la demanda a la CIJ en La Haya durará tres años. Enseguida, la aceptación del pedido y el comienzo del trámite podría durar otro año y, finalmente, la resolución final por lo menos cinco o seis más, siempre que sea aceptado. Finalmente, una resolución podría favorecernos o dejar a Bolivia con los crespos hechos.

En esa forma, en todo caso, Chile seguirá aprovechando (después de más de cien años), de ocho o diez años más de aguas bolivianas, en vez de que por medio de una negociación bilateral inmediata (que se podría proponer), el problema se solucione en poco tiempo con los notables beneficios para sus propietarios.