El juicio legislativo que amenaza con destituir a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, avanza a través del laberinto político brasileño, un complicado camino en el que se adentró a finales de 2015 y cuyo trazado está ahora en manos del pleno de la Cámara de los Diputados.
La oposición argumenta que este maquillaje fiscal supone un “crimen de responsabilidades”, uno de los motivos contemplados en la Constitución para abrir un proceso parlamentario, entretanto el Gobierno insiste en calificarlo de “golpe de Estado” por considerar que no cometió ningún delito.
La discusión concluirá hoy, con una votación, en la que los partidarios de la acusación necesitarán 342 votos del total de 513 parlamentarios, para remitir después el caso al Senado.
Si 54 de los 81 senadores sufragan después por la destitución de la mandataria, Rousseff sería despojada de sus derechos políticos, suspendida de sus funciones, hasta seis meses, y no podrá aspirar a ningún cargo de elección popular durante ocho años.
Pero ese escenario futuro, depende de lo ocurra en la Cámara de Diputados, pues si la moción en contra de Rousseff no suma los 342 votos, el proceso se archivará.
Más de tres millones de personas salieron a las calles del país para gritar a favor del “impeachment”, lo que aumentó la presión sobre los congresistas para agilizar el trámite. (Agencias)
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