Autoridades interinas y ultra-democratismo

La convocatoria para la presentación de candidatos para presidir la Defensoría del Pueblo ha puesto al desnudo un problema de nivel estatal de gran magnitud, en sentido de que desde hace una década existen numerosas altas autoridades, entre representantes máximos y directores, que ocupan cargos estratégicos de manera inconstitucional.

En efecto, 26 personas ocupan importantes funciones sin que se cumplan disposiciones constitucionales, determinando, en esa forma, una situación no compatible con la vigencia de la Carta Magna y causando, a la par, el desconocimiento de una resolución del Tribunal Constitucional que resolvió que los nombramientos de esa naturaleza interina fenecen después de los tres meses, razón por la cual sus actos podrían ser impugnados jurídicamente.

Entre otros funcionarios que no fueron nombrados por la vía constitucional se encuentran el Contralor General, el Presidente del Banco Central, la Presidenta de la Aduana Nacional, la autoridad del Sistema Financiero (ASFI), los presidentes del Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de Entel, Comibol y otros que giran en número de 20 y cuya labor bajo esas condiciones no tiene legitimidad ni legalidad y restaría credibilidad al Estado en general.

El problema de la inconstitucionalidad de la designación de las principales autoridades de casi una treintena de altos cargos públicos, ha sido puesto en tapete por el senador cruceño Oscar Ortiz, en el debate en torno al Reglamento para convocar a los interesados en candidatear a la presidencia de la Defensoría del Pueblo, pero con el detalle de que para participar en la designación de ese cargo sería innecesario que el postulante tenga título de profesional y sería suficiente que algún ciudadano anónimo se hubiese destacado en la “defensa de los Derechos Humanos” o algún otro mérito. Tal condición causó malestar en la opinión pública, que ha visto en esa decisión que “las universidades ya no son necesarias”, que “el título de profesional quedó sin valor alguno”, por lo que “las universidades deben más bien cerrarse”.

El nuevo Reglamento fue objeto de rechazo de parte de los parlamentarios de oposición. Sin embargo, los oficialistas acudieron a los más alambicados argumentos para justificar así el novísimo sistema anarco-populista que llegó al nivel del ultra-democratismo del “socialismo” del Siglo XXI.

Siendo necesaria la normalización del aparato estatal y el retorno al cumplimiento de la Constitución, es de esperar que la Asamblea Legislativa proceda a institucionalizar cada una de las entidades públicas que están al margen de la ley.