Albarracín: Reglamento sobre idiomas nativos es restrictivo y coarta derechos

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés y exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, recordó que en su oportunidad expresó su desacuerdo en torno al reglamento de selección de aspirantes a la Defensoría que incorpora el tema de los idiomas nativos, porque es restrictivo. En ese marco, lamentó que ese impedimento haya sido aprobado en la Asamblea Legislativa.

Albarracín reiteró que aquello restringe y coarta derechos, asimismo, añadió que los postulantes antes de presentar sus documentación debían haber observado ese elemento, porque luego de haberse aprobado y publicado el reglamento, quienes postulaban al cargo sabían que tenían que someterse a esas reglas.

Según la autoridad de la UMSA, la etapa más importante es aquella donde se va a realizar una especie de preselección de ese número de candidatos habilitados sobre la base de los mejores perfiles. “Es ahí donde tiene que tomarse en cuenta ese perfil, es decir, tener independencia política, credibilidad, sensibilidad humana y, finalmente, que no se elija sobre la base de la división entre los asambleístas, porque en su criterio lo que debe prevalecer es el consenso para elegir por unanimidad al mejor perfil”, puntualizó.

CONSTITUCIONALISTA

Entretanto, el abogado constitucionalista Williams Bascopé mencionó que inhabilitar a candidatos a Defensor del Pueblo puede ser considerado como un acto de discriminación, puesto que la Constitución Política del Estado prohíbe que se excluya a una persona por razón improcedente, incluido el idioma que habla.

“Si exigiéramos a todos (que hablen una lengua nativa) estaríamos violando el artículo 14 de la CPE, que dice claramente que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo color, edad e idioma”, dijo el jurista.

Hasta ahora, candidatos como John Arandia, María Galindo, Silvia Salame y otros han sido inhabilitados como candidatos a Defensor, debido a no que hablan una lengua nativa.

Ello generó un debate y los afectados recordaron que la norma establece un plazo de tres años para que los funcionarios públicos puedan aprender una segunda lengua oficial.

ADVIERTEN CON RECURSOS

A su turno, la activista María Galindo y la exmagistrada Silvia Salame advirtieron con presentar recursos administrativos y constitucionales contra su inhabilitación de la elección del nuevo Defensor. Ayer trascendió que Galindo fue depurada porque su declaración jurada no está notariada.

La feminista pidió ayer en la mañana por escrito que la Comisión de Constitución le confirme su inhabilitación, para interponer un recurso contra esta decisión. “Voy a pelear”, anunció la líder de “Mujeres Creando”.

Su abogado, Carlos Alarcón, aseveró que la Comisión no puede depurar a Galindo bajo el argumento de que no cumplió la formalidad de una firma notarial, puesto que se le estaría restringiendo el derecho a participar.

El jurista anticipó que la activista presentará recursos de tipo constitucional, basados en los derechos consagrados en la Carta Magna y el Pacto de San José.

Salame, por su parte, aseguró que cumplió todos los requisitos solicitados por la Comisión y señaló que tal vez hubo una omisión en la revisión de sus documentos.

“Yo voy a presentar un recurso que, en Derecho Administrativo, se llama recurso de revocatoria. En caso que la Comisión no de curso a mi solicitud, voy a hacer un recurso jerárquico y, en caso de que Asamblea no acepte, voy a presentar un amparo constitucional”, dijo.

Respecto a la exmagistrada, se supo que fue depurada por observaciones a su hoja de vida, pero también fue candidata a diputada supraestatal en 2014, y la convocatoria dispone que no puedan llegar a la Defensoría quienes postularon a cargos electivos en los últimos cinco años.