Oposición: Modificación daría absoluta impunidad a mandatarios

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, señaló ayer que una nueva modificación a la Ley de Juicio de Responsabilidades busca dar una absoluta impunidad a los mandatarios que gozan de fuero e impunidad en el país, a diferencia de los legisladores que no gozan de esos privilegios.

La legisladora dijo que los juicios políticos son previstos en todas las constituciones latinoamericanas y caribeñas pero que el proyecto de reforma constitucional del año 2009 estuvo asesorado por con un grupo español que tenía el objetivo de eternizar en el poder a todos los gobernantes de izquierda del continente, regímenes que, a juicio de la diputada, eran más bien populistas.

En esa línea, afirmó que en la actual Constitución Política del Estado (CPE), los únicos que gozan de fuero son las dos altas autoridades gubernamentales y que el Juicio de Responsabilidades se aplica estrictamente a altas autoridades del Órgano Judicial y el Fiscal General del Estado.

También mencionó que la Ley 2623, anteriormente vigente, establecía que cualquier proposición acusatoria que podía ser realizada por un ciudadano, debía ser dirigida previamente a la Fiscalía, la que enviaba una petición a una de las organizaciones del Tribunal Supremo de Justicia, que actualmente hace las veces de control jurisdiccional y debía realizar la “proposición acusatoria” que pasaba al Pleno del Senado para ser aprobado por dos tercios.

Sin embargo, Piérola aclaró que en la Ley 044, aún vigente, establece que los Juicios de Responsabilidades no necesitan la aprobación de la Asamblea y cuya competencia alcanza al Presidente y al Vicepresidente, en tanto, el año 2014 fue modificada por la Ley 612, convirtiendo el juicio político ( por su tratamiento en la Asamblea) de la anterior Ley 2623, en juicio administrativo, por el cual si el acusado se declara culpable debe ser destituido del cargo pero el mismo no tendría ninguna otra sanción.

Enfatizo en que una ley constitucional como la 2623, no puede modificar una Constitución por lo que mencionó que hace algún tiempo presentó una “acción de inconstitucionalidad” sin respuesta hasta la fecha. Por estas razones mientras el Ejecutivo controle todos los órganos del Estado será muy difícil que se pueda establecer un proceso justo e independiente.

Concluyó que con las modificaciones a la Ley 044 se confirma una absoluta impunidad respecto a las máximas autoridades que gozan de fuero y privilegios que los mantendrán en libertad por los ilícitos cometidos.