Restricciones a la libertad de expresión

De las amenazas, advertencias y proyectos de leyes para regular y restringir las redes sociales, el Órgano Ejecutivo concretó la creación de la Dirección General de Redes Sociales, mediante el Decreto Supremo 2.731, promulgado por el vicepresidente Álvaro García Linera, en ejercicio de la presidencia del Estado. Esta nueva repartición burocrática dependerá del Ministerio de Comunicación.

Según algunas fuentes oficiales esta Dirección General defenderá la gestión de Gobierno y sus planes de desarrollo inclusive hasta el 2025. Otros personeros del Gobierno le asignaron una función indefinida y vaga relativa al “tratamiento técnico a las nuevas tecnologías de información”. Si el propósito es difundir los planes del Gobierno, debería reducirse al mínimo la profusa propaganda radial y televisiva en que incurren los órganos del Estado con el mismo objetivo, considerando además que el presidente Evo Morales califica en grado de máxima importancia a las redes sociales, al extremo de atribuirles el motivo de su “pérdida” en el referendo. A simple vista se aprecia que el control de las redes sociales tiene finalidades políticas restrictivas.

En la misma dirección vectorial la Federación de Cocaleros del Chapare elabora un proyecto de ley con la idéntica finalidad y el Presidente exhortó a sus seguidores a adiestrarse en el manejo de redes sociales para defenderlo y no descartó el uso del satélite Túpac Katari para el control del voto. Esta fue su respuesta en un canal al interrogante de un presentador televisivo. A su vez, el ministro Quintana anunció el cierre de algunos medios por su “osadía de mentirle al pueblo”. Dijo que a ello se debe la desaparición del matutino La Prensa. Sindicó a medios como El Deber de faltar a la verdad y no ahorró calificativos contra el periodista Carlos Valverde e inclusive contra CNN, por entrevistarle.

El cuadro referente a las redes sociales se inscribe en un marco mayor -como acabamos de ver- tendente a estrechar el cerco a la libertad de expresión y de información. Una de estas expresiones es el Decreto Supremo 1.391 que limita la radiodifusión mediante un nuevo sistema de licitación de las licencias de funcionamiento. Se dispone que las radio emisoras deberán cotizar en metálico su continuidad a partir de 2019. Este decreto contradice a la Ley General de Telecomunicaciones, numerada 164, por la cual cada 15 años deberá renovarse automáticamente la licencia, cumpliendo los requisitos pertinentes. Esta renovación tiene validez de 15 años improrrogables. El citado DS 1.391 distribuye el campo de la comunicación radial para todo el país de este modo: el acceso del Estado abarcará el 60%, reservando el 40% restante a las radios privadas y a las emisoras comunitarias. Resalta inmediatamente que por lo menos el 75% queda bajo el control gubernamental, si como ocurre, las llamadas radios comunitarias responden a cabalidad a las directivas oficialistas. Estamos ante un designio monopolizador de tipo político.

En solidaridad con la Asociación Boliviana de Radiodifusoras, ASBORA; la Asociación Nacional de la Prensa, ANP, se pronunció censurando las medidas restrictivas, a tiempo de reivindicar la libertad de expresión garantizada constitucionalmente, así como el derecho colectivo de recibir información independiente e imparcial. Le recordó al Gobierno que sin libertad de expresión no hay ni puede haber democracia.