Mofa de la lengua

¿Por qué están torturando tan cruelmente a los postulantes a la Defensoría del Pueblo? ¿Quiénes se partirán de risa haciendo emitir un saludo en quechua o aymara a los candidatos? Porque esto se está convirtiendo en un circo donde unos ingenuos -mujeres y varones- balbucean algunas palabritas que pretenden sea quechua o aymara. De todos los requisitos exigidos para ocupar la Defensoría del Pueblo el decisivo es el del idioma nativo. Y lo será para todos los cargos que ahora requieren de titularidad y que estuvieron atravesando por un largo interinato.

Todo este desbarajuste, que podrá crecer y que siempre será motivo de abusos y burlas, es culpa de la ya no tan nueva Constitución que venimos soportando durante más de siete años. Eso de los dos idiomas es de lo más demagógico, pero, claro, bello para que figure en una Constitución revolucionaria. El desbarajuste se produce no tanto por los 36 idiomas de los pueblos “indígena originario campesinos” sino porque la norma constitucional expresa que siquiera dos idiomas oficiales deben dominarse en el Gobierno Plurinacional y en los gobiernos departamentales para obtener un cargo o mantenerse en él. Eso es cháchara, no se cumple en Bolivia ni se cumplirá nunca.

¿Pero quiénes admitieron semejante maldad? ¿Los constituyentes de oposición no se dieron cuenta de que era ceder al MAS todos los puestos importantes? No solo por los dos tercios que poseen los masistas en la Asamblea que puede ser pasajero, sino porque más de la mitad de la población nacional es monolingüe y más del 90% de los orientales hablan solo español. Por ejemplo, los cruceños no se presentan a estas convocatorias, porque están “aplazados” de antemano. ¿O algún camba va a presentarse ante la comisión hablando sirionó o mosetén? ¿O fingiendo hablar aymara? Y si hablara guaraní o chiquitano -lenguas más conocidas- ¿alguno de los parlamentarios de la comisión podría certificar su grado de saber? Los cambas quedaron “out”.

El acabose es que S.E. puede saludar en cualquiera de las dos lenguas, pero no es capaz de sostener una conversación y menos dar un discurso. ¿Cómo el Illapa de Viracocha (“rayo de Dios”, según García Linera) no va a saber el idioma de sus súbditos? Del Vice, mejor ni hablar. Él dice que está estudiando aymara, pero si en diez años de los tres que tenía de plazo por la ley 269, no lo ha aprendido, cuando lo sepa ya va a necesitar el inglés intensivo. Sucede lo mismo con el presidente del Senado, la presidenta de los Diputados, ministros, viceministros, directores generales, presidentes de entidades autárquicas y demás cargos.

Pero, en suma, es muy emocionante y patriótico que se obligue por la Carta Magna a utilizar cualquiera de los 36 idiomas vernaculares, aunque algunos en el oriente no los hablen más de 50 o 100 personas. Si como sabemos algunas de las lenguas que se hablan en el oriente están en franca extinción, queda algo meridianamente claro: los dos únicos idiomas que sirven para acceder a altos cargos en el Estado son el aymara y el quechua. Aymara y quechua hablantes, son quienes tienen la primerísima opción. Quiere decir que el Estado Plurinacional, mediante la Constitución del 2009, ha sentado las bases para una administración excluyente y discriminadora en la administración pública.

Cruceños, benianos y pandinos han quedado fuera de los altos cargos del Estado, de un plumazo y sin mayor alegato. Sus lenguas están calladas por los idiomas andinos. En este asunto pierden los no nacidos en hogar indígena. También los de la clase media nacional, que no mamaron quechua o aymara desde la cuna. La muestra está en los monolingües paceños, cochabambinos, chuquisaqueños, etc., que han sido observados en esta selección para la Defensoría por no hablar ninguno de los dos idiomas clave.

Esto de los idiomas nativos obligatorios está mostrando recién la punta filuda del cuerno. No es gracioso decir que para que un cruceño pueda ser empleado público tenga que haber llegado del altiplano o del valle. Los nacidos en Santa Cruz de la Sierra están eliminados de antemano porque ni dominan el quechua o el aymara, ni tampoco el chiquitano, guaraní, bésiro, o cualquiera de nuestras lenguas que para los fines de administración de la cosa pública no tienen utilidad. Hablando español y tacana, por ejemplo, un ciudadano no puede aspirar a la Defensoría del Pueblo ni a la Contraloría ni a nada. Debe exhibir un certificado de que habla aymara o quechua.

El negocio del momento será entonces conseguir el certificado de que se domina el aymara o el quechua. No sabemos si los certificados ya están vendiéndose en el mercado negro ni cuánto cuestan. Otra veta que se abre para los insaciables masistas. Lo que sí hemos visto y oído en la Tv, son las justificaciones sobre el respeto a la ley del senador Milton Barón, el preceptor que está haciendo padecer con exámenes de lenguaje a los aspirantes a la Defensoría y feliz poseedor de uno de esos certificados mágicos. Claro que cuando le dijeron que enviara un saludito en quechua no pudo, se negó, dijo que lo haría “cuando le corresponda”.