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El proceso para juzgar a la presidente de Brasil se desliza por un tobogán desde que el 17 de abril los diputados decidieron llevar adelante el juicio con una mayoría abrumadora superior a dos tercios. Esta semana que empieza los senadores deberán dar partida al capítulo final de un juicio llamado a repercutir entre sus vecinos como el mayor revés sufrido por los regímenes del Socialismo del Siglo XXI desde su alumbramiento a principios de siglo.
Mientras pocos dudan del desajuste político interno que acarrearía la decisión, aún no hay una cuantificación del efecto que eso puede tener en sus vecinos Venezuela y Bolivia.
Algunos rasgos, sin embargo, son notorios: El aislamiento de Nicolás Maduro en América del Sur tiende a ser total. Brasil ha adoptado una actitud comprensiva para la situación venezolana y ha evitado sumarse a los reproches a Venezuela en las ocasiones en que otros gobiernos condenaron a Maduro. En reuniones hemisféricas recientes, Brasil optó cuando menos por abstenerse cuando se abordaron temas que criticaban a su vecino y lo acusaban de irrespeto a los derechos humanos y políticos de sus ciudadanos. Reiteradas veces consideró como “cuestiones internas” los conflictos venezolanos y sus reclamos más severos llamaron a “retomar el diálogo” entre opositores y el gobierno de Maduro.
Con Dilma sin poder en el escenario político, al gobierno de Venezuela le será difícil contar con esa valiosa comprensión, en parte resultado de realidades económicas: Brasil tiene en Venezuela un destino multibillonario para sus exportaciones y contratos industriales.
Bolivia, con el presidente Morales, propuso que las cabezas de Unasur viajaran hasta Brasilia para apoyar a la acosada mandataria. La iniciativa fue desairada y no tuvo siquiera un acuse de recibo formal. El presidente pudo reiterar su apoyo solo cuando ambos coincidieron el jueves en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y el respaldo verbal que el mandatario boliviano pudo haber expresado hacia la presidente vecina disminuyó en intensidad cuando ésta, en su discurso ante la Asamblea, no habló de “golpe” sino de un “retroceso” que podría ocurrir en su país con su eventual alejamiento. Solo lo hizo después, al hablar con periodistas de su país.
Muchos diplomáticos vieron en esa actitud congruencia con el principio de mantener los problemas internos dentro de la propia casa. Los alegatos del presidente Morales sobre un “golpe jurídico” no llegaron a tocar tierra en quien estaba llamado a acogerlos.
Una parte importante del telón de fondo de la relación bilateral es que la líder brasileña nunca hubiera venido a Bolivia como presidente, pese a los deseos de su colega boliviano de que lo hiciera. La presidente dirigía Petrobras cuando Bolivia nacionalizó la empresa y unidades militares ocuparon sus instalaciones. En cualquier escenario, incluso si, contra las previsiones, la presidenta atravesase con éxito relativo el presente capítulo, el gobierno boliviano no tendría mucho para alegrarse.
El proceso para sancionar el enjuiciamiento de la presidente no está exento de tropiezos. Sobre su curso se ha desplegado una sombra densa capaz de repercutir en el drama: la idoneidad de los juzgadores, muchos de los cuales son vistos como carentes de un pasado limpio como para lanzar la primera piedra. Decenas de los que votaron por enjuiciar a la presidente tienen denuncias ante la justicia.
La liviandad provinciana que expusieron muchos de los 367 que justificaron su voto por el juzgamiento de la presidente, volvió a sentirse el viernes con informes de que el presidente de la Cámara Baja brasileña, Eduardo Cunha, facilitó la exclusión de las denuncias sobre fechorías en Petrobras que podrían afectarlo en otro proceso y llevar a su destitución. Con esa exclusión, Cunha, uno de los abanderados de la causa por el enjuiciamiento, podría ser culpable solo de haber mentido cuando dijo que no tenía cuentas en Suiza. Pero sí las tenían empresas cuya dirección estaba a su cargo. Folha de S. Paulo calificó la coartada del legislador como un andrajo y dijo que su presencia en la Cámara de Diputados era “una vergüenza, un insulto, una provocación a todos los brasileños”.
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