Uno de los aspectos más dolorosos que sufre la población boliviana es el referido a la dramática situación en que vive un sector de la población infantil que se ve obligado a trabajar en condiciones muy difíciles para sobrevivir personalmente e inclusive tener que atender a su familia. El problema, además, en vez de solucionarse se agrava desde hace algunos decenios, inclusive con el visto bueno del Gobierno, que pierde miles de millones de dólares en obras como Lliquimuni, Bulo Bulo, satélites y otras.
La información de una investigación del New York Times de EEUU confirma que nada menos que un millón de niños hace algún trabajo infantil. Un porcentaje de ellos realiza trabajo de obreros adultos, sus salarios son muy bajos, no gozan de beneficios sociales y, en general, son objeto de extrema explotación sin que, además, tengan la protección del Estado. En algunos casos trabajan en pequeñas fábricas y se les paga en especies que venden en las calles en las noches.
La población infantil boliviana que tiene que trabajar está comprendida a partir de los 10 años de edad y ese drama está garantizado por el Gobierno que practica el “capitalismo salvaje”, ya que el año 2014 puso en aplicación una ley que establece que el trabajo infantil en el país puede desarrollarse desde diez años de edad, autorización que no existe en otro lugar del mundo.
Esa norma que aplica Bolivia y autoriza el trabajo de niños a partir de los diez años, tiene el agravante de que viola una disposición de 1997, por la cual esa autorización solo era posible a partir de los 14 años de edad. Más aún, viola un convenio internacional por la cual nadie menor de 18 años, ya fuese de país desarrollado o no, puede realizar trabajos peligrosos, problema que en Bolivia es común, ya que existen niños que trabajan en minas, ladrilleras, fábricas, campos agrícolas y otros, sin que el Ministerio de Trabajo y otras entidades oficiales hagan la menor observación.
Este grave problema que se presenta en Bolivia, además de estar respaldado por normas legales de carácter gubernativo, tiene el agravante que viola sus compromisos internacionales. En efecto, en 1997 Bolivia firmó en la OIT el convenio que prohibía el trabajo de niños a partir de los diez años, convenio que fue ratificado por el Congreso. Esos aspectos muestran que Bolivia es el único país del mundo que permite el trabajo de niños a partir de dicha edad, práctica por la que, además, nuestro país ha sido objeto de enérgicas críticas en una reunión de la Organización Internacional del Trabajo, donde perdió el apoyo irrestricto y quedó “muy mal parado”.
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