Centralismo impide vigencia de autonomías

A pesar de la vigencia de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, que otorga facultades a los departamentos y municipios del país para administrar sus recursos, el centralismo del Órgano Ejecutivo impide este avance y se convierte en un obstáculo para las aspiraciones regionales, según el análisis del investigador Iván Finot.

La ley número 031, de 19 de julio de 2010, que fue aprobada al inicio de la segunda gestión del presidente Evo Morales, toma en cuenta el principio de descentralización administrativa, la misma que define como “la transferencia de competencias de un órgano público a una institución de la misma administración sobre la que ejerza tuición”.

RETROCESO

A pesar de la norma que ya está vigente por seis años, el análisis del autor de la obra “Democratizar el Estado, a 25 años de una propuesta de descentralización para Bolivia”, sobre la forma de administrar los recursos estatales y de distribuirlos, no ha variado de forma significativa en relación a gobiernos anteriores, es más, sufrió un retroceso, según Finot.

“La asignación de competencias es muy interesante. Hay una descentralización de los departamentos y los municipios, pero esa descentralización no se hace efectiva, porque no se traduce en una distribución de recursos autónomos que les permita a las autonomías ejercer sus competencias. Entonces, lo que tenemos en realidad en el país son algunos municipios ‘ricos’ como el de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que tienen ingresos propios importantes por sus impuestos y que les permiten ser relativamente autónomos”, explicó Finot.

Varios son los factores que se identifican en este proceso, uno de ellos es la distribución de regalías del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Anualmente cada departamento lo recibe por la venta de gas a Brasil y Argentina. Las regiones productoras son las que reciben más y las que no, menos. “Por ejemplo, en 2014 el Gobierno autónomo de Tarija recibía 31 veces más que el Gobierno autónomo de La Paz. Lo mismo pasa con los gobiernos municipales”, aseguró.

30 VECES MÁS DE INGRESOS

“La inmensa mayoría depende completamente de las transferencias (…), algunos gobiernos departamentales reciben 30 veces más ingresos que otros, pese a que todos somos bolivianos y, obviamente si tienen más recursos es que son más autónomos y si tienen menos es muy poco lo que pueden hacer”, explicó Finot, a manera de ejemplo, como una de las principales dificultades para un manejo adecuado de esos recursos.

“De hecho el país está más centralizado que antes, con excepción de unos cuantos gobiernos privilegiados que reciben regalías del IDH y que se han vuelto muy dependientes del Gobierno central”, afirmó Finot y citó por ejemplo los programas que maneja el Gobierno central como “Evo cumple”, “Mi agua” que sobrepasan las competencias municipales y regionales y que según su criterio “se usan con fines políticos de centralización del Gobierno nacional”.

La ejecución por el Gobierno central de estos programas directamental, disminuyen las competencias de los gobiernos departamentales, regionales y municipales, puesto que se ven imposibilitados de administrar sus propios recursos o lograr un nivel adecuado para impulsar un proyecto de desarrollo autónomo.

Otro factor que toma en cuenta Finot es que hasta la fecha el Gobierno central y los gobiernos departamentales no lograron establecer un Pacto Fiscal, a pesar de que es un mandato de la Ley 031 de Autonomías.

El Pacto Fiscal es el espacio agendado por la Ley Marco de Autonomías, en el cual, a través de un proceso de concertación, se tratarán los aspectos relacionados a la generación, distribución y destino de los recursos públicos, que son los temas pendientes del proceso constituyente y fundamentales para el desarrollo del país.

Para Finot, el conflicto nace del Gobierno central, que carece de una propuesta sólida sobre el Pacto Fiscal. “Lo único que quiere es centralizar lo más posible las decisiones de políticas públicas”, afirmó y planteó, como una opción, transferir uno de los impuestos “más importantes” que cobra el Gobierno central y pasarlo a los gobiernos regionales para que éstos se hagan cargo de su manejo.

El proceso de descentralización comenzó en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada con la Ley de Participación Popular, sin embargo, en el aspecto económico y administrativo de los recursos públicos, el Estado es el que aún se hace cargo con una distribución poco adecuada, según Finot, lo que en su concepto provoca grandes desigualdades entre regiones y entre bolivianos.

Se entiende por Autonomía, según la Ley 031, como la “cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución y la presente ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución y la ley. La autonomía regional no goza de la facultad legislativa”.