Es inaudito que se pretenda elegir a un Defensor del Pueblo que no tenga formación académica, estudios superiores y se dé más importancia a conocer un idioma nativo.
Al margen de una elevada sensibilidad social es condición imprescindible conocer profundamente los alcances de disposiciones jurídicas relativas a Derecho, como que la máxima aspiración del Derecho es la Justicia. No solo saber literalmente qué son los derechos humanos.
Sobre todo es necesario que las instituciones públicas respeten la CPE y las leyes del Estado y en caso de vulneración de éstas, llevar adelante recursos directos de nulidad, interponer acciones de inconstitucionalidad, de Amparo Constitucional, presentar proyectos de Ley, proponer modificaciones a leyes, decretos, etc. Se tiene que saber qué son los procesos judiciales, cuáles los procedimientos y otros recursos de especialidad, al margen de conocer ampliamente los alcances de la Declaración Universal de los DDHH.
Se requiere plena convicción de que las leyes no son para regular la conducta de los hombres, sino para evitar la arbitrariedad de los gobernantes. Saber que la máxima aspiración del Derecho es la Justicia, conocer preceptos de ética y de moral, estudiar valores
¿Los no llegaron a las aulas universitarias sabrán que sin seguridad jurídica no hay justicia?, que existen delitos como acoso laboral, violencia contra la mujer, vulneración a la Ley del Adulto Mayor, despidos injustificados en entidades públicas, tan frecuentes hoy en Bolivia. Por otra parte es indispensable conocer la Ley de Familias, Ley Niño, Niña y Adolescente y otras, así como la CPE desde la comprensión de los valores comunes a la sociedad boliviana, tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos, estatutos, cartas orgánicas. Nada tienen que ver con esa labor izquierdas y derechas, ni neoliberalismo ni capitalismo ni imperialismo.
No se debería postular sin conocer principios básicos sobre que la justicia rige las relaciones entre los hombres, que el conocimiento y la observación de las leyes sirven para delimitar el poder de los que gobiernan y recomendar rechazo al autoritarismo en el que cae los gobiernos. Cuando la ley no es torcida hacía algún lado, es posible lograr una adecuada convivencia social.
En las aulas universitarias se aprende lo que no se puede con el activismo político partidario o en las famosas movilizaciones sociales de respaldo al Gobierno.
Por tozudez, políticos o politiqueros no reconocen la importancia de una formación académica para actuar en la vida, cuando se asume responsabilidades en instituciones que demandan conocimientos especializados, como los que se precisa para ser Defensor del Pueblo. Por todo ello, se espera que sea designada una personalidad independiente y con ética y moral, como mostraron a su turno Ana María Romero, Waldo Albarracín y Rolando Villena, que son merecedores de halago por su honestidad y trayectoria en la Defensoría del Pueblo.
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