Cuando la Comisión Legislativa bipartita se encuentra cerca de concluir su mandato sobre la investigación de un supuesto tráfico de influencias en las contrataciones millonarias con empresas chinas y en especial con la CAMC, los miembros pertenecientes al oficialismo persisten en su negativa a investigar dicho tráfico y se limitan al análisis de los contratos respectivos que, como es obvio suponer, no contienen huellas comprometedoras, con lo cual se desvía el meollo o aspecto principal de la investigación.
Por otra parte, a la opinión pública -acostumbrada en estos años a impactos casi inverosímiles producidos por fuentes oficiales- ahora se la obsequia con la novedad de que las filmaciones de las cámaras de seguridad de la Alcaldía de El Alto, presuntamente testigos del incendio del edificio no registran dato alguno o que fueron borradas. Nada menos que el Fiscal General, Ramiro Guerrero, tuvo a su cargo dicha información y agregó que la fiscalía carece de técnicos para rehabilitar las filmaciones. La alcaldesa Chapetón, por su parte, alega que hizo entrega al Ministerio Público a las 24 horas del hecho y desafiando al Fiscal agrega que su despacho dispone de personal para recuperar lo filmado, convertido en el quid o la preciada prueba en disputa. Con base en anteriores desapariciones parecidas, popularmente se puede decir que la versión “suena a cuento”. No se descarta que desde la alcaldesa para abajo los ediles alteños carguen con toda la culpa o, por lo menos, que el caso no arribe a ningún puerto “por falta de pruebas”.
En el caso Morales-Zapata, el Fiscal General dijo a los medios de comunicación que el certificado de nacimiento del supuesto hijo de dicha relación, es falso. Se adelantó así a las previsibles conclusiones del proceso. Otra situación que reúne a su alrededor la atención pública, protagoniza el ministro Juan Ramón Quintana, por “no conocer” a la señora Gabriela Zapata. Para despejar dudas recurrió a la justicia con la entrega de su celular, ocasionando que el público se pregunte ¿cuál de sus celulares? Un ministro de su importancia debe disponer de más de uno de tales aparatos. La versión toma un nuevo rumbo por la pérdida o extravío del adminículo, según la autoridad.
El capítulo más fresco de lo que el vulgo llama “novela”, consiste en la toma del factor ADN para la comprobación del presunto parentesco entre el jefe del Estado, la señora Zapata y el también supuesto hijo. Los abogados de aquélla sostienen que dicha prueba debía practicarse en un acto conjunto entre los involucrados, cosa que no ocurrió. Solo se la obtuvo del señor Evo Morales. Zapata no se hizo la prueba y llegó con retraso al compromiso, pero su presencia no depende de ella sino de sus custodios policiales. No hubo señal alguna de la asistencia del hijo, lo que no puede menos que incrementar las dudas sobre su existencia. A nadie escapa que el Instituto de Investigación Forense en este caso no es garantía de veracidad. La reina de las pruebas debe, necesariamente, correr a cargo de una institución particular, idónea e imparcial. Estos son algunos de los casos y cosas poco claras del presente.
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