• El Ministro de Gobierno dijo que prefería poner una reja que separe a policías y discapacitados para que nadie salga dañado y, dos horas después, los uniformados reprimían a las personas en sillas de ruedas y muletas. El Gobierno negó el hecho y la población reprochó el accionar estatal a través de las redes sociales
Las palomas de la plaza Murillo se quedaron esperando su alimento, se apagaron las cámaras fotográficas para retratar a los ciudadanos entre ellos niños, ancianos y turistas que visitaban el “kilómetro cero” y el comercio apenas sobrevive por el “secuestro” a una de las históricas plazas de la ciudad de La Paz.
Rejas metálicas fueron colocadas por la Policía para evitar el “enfrentamiento entre los policías y discapacitados”. Sin embargo, el propósito no fue cumplido, porque los minusválidos fueron gasificados ayer por los uniformados que –resguardados detrás de las rejas– lanzaron químicos contra movilizados, periodistas y todo aquel ciudadano que pasaba por ahí. La ciudadanía está indignada por lo ocurrido.
“Por favor, tengo que pasar al Policlínico de la Caja (Nacional de Salud), tienen que hacerme unos exámenes”, dijo un ciudadano y la respuesta común de los policías era: “Haber, muéstreme su contraseña para sus exámenes. Qué tipo de exámenes. No, no sirve su carnet de asegurado. No puede pasar”.
Ese fue uno de los cientos de diálogos que se escucharon ayer en una de las esquinas, a una cuadra de la plaza Murillo, donde se encuentran el Palacio Quemado, el Legislativo, la Gobernación, el edificio de las comisiones parlamentarias, la Cancillería, consultorios de la Caja Nacional de Salud y numerosos negocios.
Si la persona que deseaba ingresar no portaba una credencial asegurando que trabajaba en una de esas instituciones, simplemente los policías le impedían el paso.
Oscuras rejas metálicas construidas a medida de las calles aledañas al “kilómetro cero” y específicamente para impedir el libre acceso a las mismas, ensombrecieron el panorama de la histórica plaza, cuyas mayores habitantes son las palomas que revolotean de un lado para otro.
Dejaron también de existir los días en que los padres podían ingresar con sus niños a sacarse fotos en “el libro” o ver la ceremonia de cambio de guardia del Palacio, ver izar la bandera o dar maíz a las palomas. En estos días oscuros de la historia nacional son solo un recuerdo.
“No es posible que en nuestra ciudad nos prohíban circular por nuestras calles y plazas. Pareciera que estamos en un Gobierno que se olvidó de nuestros derechos y de la democracia”, afirmó Renán Aguilar, un ciudadano que no pudo ingresar a inmediaciones de la plaza Murillo, donde aseguró que tenía un negocio.
ES POR LA SEGURIDAD
EL DIARIO consultó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, por qué se decidió aislar a la plaza Murillo con rejas. La autoridad respondió con preguntas y con visible molestia.
“Qué preferiría usted ¿Policías golpeados por manifestantes? O una reja que los separa. Yo prefiero una reja que los separe, así nadie sale dañado”, afirmó Romero.
Empero, dos horas después los efectivos que apostó dicha la autoridad en las esquinas de la plaza Murillo, tras las rejas, gasificaron a las personas discapacitadas que se movilizaron hasta el lugar.
Romero aseguró también que como Ministro de Gobierno su misión es resguardar y velar por la seguridad de las instituciones públicas, de los policías y “evitar que haya violencia física” y responsabilizó a los políticos de oposición de desvirtuar la movilización de los discapacitados y que “se aprovechan de una movilización para venir a golpear policías”.
“¿Qué hace usted como ministra? ¿Hoy todos pueden ingresar a la plaza Murillo, aun los que quieran hacer política? ¿Entonces hay discrecionalidad absoluta para quienes vienen a golpear, para quienes se disfrazan detrás de una movilización y vienen a golpear? Yo prefiero este escenario a lamentar que haya violencia física”, fueron otras de las extrañas palabras que pronunció el titular del Gobierno.
JUSTIFICAN
A su vez, al terminar la reunión de gabinete, efectuada en la mañana, los ministros de Educación y Autonomías, Roberto Aguilar y Hugo Siles, justificaron por separado el colocado de rejas en todas las esquinas de la plaza Murillo, para evitar el ingreso de las personas con discapacidad que están movilizadas exigiendo una renta mensual de Bs 500.
“Si está un político por detrás, queriendo manipular una demanda de personas que tienen necesidades especiales, sí. Si hay personas interesadas de utilizar políticamente esta situación, sí, porque es peligroso”, declaró el ministro Aguilar, al justificar el enrejado en las esquinas de ingreso a la plaza Murillo.
Mientras, su colega de Autonomías, al ser consultado sobre el nuevo sistema de seguridad en el centro urbano, dijo: “Yo estoy desde las 5.00 y no he visto rejas. Yo creo que hay que concentrarse en la voluntad que tiene el Gobierno para dialogar con las personas con discapacidad”, afirmó.
NO EN DEMOCRACIA
Los legisladores de la oposición lanzaron duras críticas contra la colocación de rejas a la plaza Murillo, afirmaron que en todos los años de democracia que vive Bolivia, nunca se ha visto que la población sufra estas restricciones en sus actividades diarias.
De la misma manera, repudiaron la represión de los policías a los discapacitados que fueron gasificados con agentes químicos.
“Gobierno ordena cerrar plaza Murillo, toman previsiones porque la marcha de las “temibles” personas con capacidades diferentes pueden entrar!” escribió la senadora de la alianza Unidad Demócrata Jeanine Añez en su cuenta de tuiter @JeanineAnez. Así como esta legisladora, otros parlamentarios protestaron por la acción del Gobierno y la Policía.
También la protesta y molestia de la ciudadanía se hizo pública mediante las redes sociales, en especial el Twitter y el Facebook, en las que al mediodía abundaban memes contra el cerco a la plaza Murillo y protestas a la agresión policial contra los discapacitados.
El inciso 7 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado, relativo a los derechos civiles y políticos, señala que las bolivianas y bolivianos tienen derecho “a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano”.
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