Según el informe “Panorama Social de América Latina 2015”, los indicadores socio-económicos de la población rural en Bolivia “muestran que aún prevalecen elevados índices de pobreza e indigencia”. La Cepal señala que “en 2012 la pobreza rural en Bolivia alcanzaba a seis de cada diez habitantes. Un año después la cifra de pobreza en el campo bajó a 59,59 por ciento, es decir que bajó muy poco, casi nada”. En cuanto a la indigencia rural en 2012 “cuatro de diez habitantes sufrían este grave problema en el mundo rural y un año después apenas se logró reducirla a casi menos de cuatro de cada diez habitantes”.
El mismo estudio se refiere a las áreas urbanas que, considerando los mismos años “el porcentaje de pobreza bajó de 34,7 a 29 por ciento. En cambio la indigencia en las ciudades del país cayó de 12,2 por ciento a 9,2 por ciento. En resumen, en Bolivia la pobreza ataca a 43,4 por ciento de la población, mientras que la indigencia afecta a 21,8 por ciento. Los datos a nivel nacional cubren el drama de la pobreza existente en Bolivia y la indigencia que se manifiesta con cifras altas en el mundo rural”.
Los datos reflejados por Cepal son graves, terminantes y preocupantes porque contradicen la “bonanza económico-financiera” habida en el país y los resultados siempre optimistas del Gobierno: la pobreza y la indigencia son graves y, que se sepa, no hay planificación alguna que vea en lo inmediato, y menos en lo mediato, remedios que permitan disminuir los altos índices. Se cree, que, basados en el crédito externo, se podrá canalizar inversiones importantes que permitan crear riqueza y generar empleo; pero, la realidad contrasta con esos planes porque endeudarse por un lado para ser más pobres debiendo más y creer que esas inversiones rendirán frutos inmediatos, resulta utópico.
La preocupación no solamente es de organismos internacionales que tienen que ver con la economía mundial; es, en todo caso, preocupación de todo el país, sea a nivel del Gobierno, de la actividad privada o de la colectividad, que es la que vive las consecuencias de la pobreza, la indigencia y el mayor endeudamiento. Muchas veces se ha sostenido la necesidad de fortalecer toda actividad que permita diversificar la economía; pero el Gobierno ha visto por conveniente fortalecer a las empresas del sector público, como YPFB, Comibol y otras, creyendo que su crecimiento definirá situaciones de bonanza para el país.
Pero, hay que reconocerlo, no son los soportes financieros los que lograrán eficiencia, eficacia, mayor producción y responsabilidad en las empresas públicas; son, en todo caso, sistemas de buena administración, de utilizar personal capacitado, eficiente y responsable y, sobre todo, conforme a las urgencias y necesidades de las diferentes funciones que realice ese personal, conseguir eficacia y eficiencia en las empresas públicas; pero, eso mismo, una vez implementado, requerirá tiempo para rendir frutos.
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