Es mayor la población laboral desprotegida

Tanto el trabajo formal como la protección del seguro social en el país traslucen escasa cobertura, mientras que la informalidad sobrepasa ambos parámetros, situación que nos retrata en el nivel más bajo de empleo y desarrollo humano del continente. Datos sobre los departamentos del eje central en sus áreas urbanas registrados hasta el 2012, indican que en La Paz el empleo formal es 31.2% y el informal del 67.1%; en Cochabamba el trabajo formal es 28.4% y el informal 70.5%; en Santa Cruz la ocupación formal registra el 34.3% y la informal el 62.7%.

Según estadísticas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de los 10 millones de habitantes de Bolivia, la fuerza de trabajo (obreros y empleados) alcanza a 6 millones. De este último universo sólo el 30% accede a un seguro de salud y el mismo porcentaje aporta a los Fondos de Pensiones, de donde se infiere que el 70% de la población activa está desprotegida. Estas revelaciones contradicen los arrebatos del Gobierno sobre un bienestar extendido de la población, gracias a su gestión. Estos índices establecen que no se ha superado el enorme peso de la pobreza. Hasta el año 2012 únicamente el 38.3% pertenecía al empleo formal frente al 58.4% ocupado informalmente.

Lo anterior tiene como consecuencia que los derechos sociales no cubren a la mayoría de los trabajadores por hallarse en el sector informal, como lo demuestra la anterior referencia. Es interesante destacar que, consecuentemente, el doble aguinaldo, el sueldo básico y otros solamente benefician al 30% del total de los ocupados. Los socialmente desprotegidos oscilan entre el 78% al 80% del total de la población ocupada, según el PNUD, proporción que asimismo se registraba al 2012 (no hay datos más recientes), ampliando el dramático panorama si se añade el área rural.

Otro capítulo no menos preocupante es que la niñez queda incorporada al mercado de trabajo a partir de los 10 años de edad por disposición del Código Niño, Niña, Adolescente, medida insólita que hace jugar a Bolivia el papel de “oveja negra” en el concierto internacional, por ser el único Estado que permite el trabajo infantil. La delegación oficial a la asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue duramente censurada al pretender la defensa de la edad de 10 años para el trabajo.

Las convenciones de la OIT fijan los 18 años como edad mínima para el trabajo. De modo que el país resulta violando el Convenio 138 de esa institución, siendo signatario de la misma. No es el único caso, en la reciente fijación del incremento de sueldos y salarios, el Gobierno negoció solamente con la COB, excluyendo al empresariado, con lo que incumplió la normativa tripartita (Estado, obreros y empresarios) de la OIT. El incremento del 6% resuelto se limitará a alrededor del 30% de los asalariados, según hemos señalado, habiéndose registrado en el 3% la inflación del último año. La empresa privada -reducida como es en el país- soporta así un nuevo peso económico que, al hacerla tambalear, auspicia una mayor desocupación, crecimiento de la informalidad y desaliento a la creación de trabajo digno y socialmente asegurado.