UD denuncia “persecución política”

Asambleístas nacionales de la alianza Unidad Demócrata (UD) calificaron ayer como una “persecución política” la sentencia de la Fiscalía que dispone dos años de prisión contra el senador Arturo Murillo, por el supuesto uso de una Libreta Militar falsificada.

El afectado explicó que no falsificó ese documento y que existen cuatro libretas, expedidas por el Ejército con el mismo número. Anunció que apelará el fallo; en tanto, el oficialismo pidió que el caso se trate en la Comisión de Ética.

En conferencia de prensa conjunta, los legisladores de la oposición resolvieron expresar su respaldo pleno al senador Murillo.

En ese marco, la diputada de UD por Chuquisaca, Lourdes Millares, manifestó la preocupación de su bancada por el fallo, porque con esa medida el Gobierno busca que la oposición cese de denunciar los hechos de corrupción. “Esta sentencia en contra de Arturo Murillo la asumimos como una acción amedrentamiento, intimidación por parte del Gobierno”, sostuvo la dirigente parlamentaria.

“Nuestra respuesta categórica y enfática frente a este hecho se produce porque demuestra, una vez más, que la justicia está en manos del Gobierno. Por tanto, no vamos a permitir que se melle a ningún miembro de la bancada de UD”, enfatizo la legisladora.

Al mismo tiempo, demandó al Órgano Ejecutivo que responda por otros temas pendientes, como por ejemplo: “¿Dónde están las sanciones jurídicas contra los responsables del Fondo Indígena y del caso CAMC?”. Aseveró que no existe la voluntad política de buscar la verdad en estos importantes hechos “que el pueblo boliviano tiene derecho a saber”.

De su parte, el senador Murillo aseveró: “Hemos jurado, como asambleístas, que vamos a hacer cumplir la Constitución Política del Estado y hacerla respetar y eso es lo que estamos haciendo”.

Explicó que cuando fue diputado en una anterior legislatura denunció al actual ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por el contrabando que realizó en 33 camiones hacía Brasil, lo cual derivó en su alejamiento de dicha cartera de Estado. En ese entonces, “el ministro juró vengarse”.

También sostuvo que el año 2013 denunció que el vicepresidente Álvaro García “tiene libreta (militar) y carnet (de identidad) falsos, y no tiene título académico alguno”. También recordó que en pasadas gestiones, denunció y demostró igualmente que la autoridad tuvo vínculos en la contratación de servicios de la empresa Catering en Boliviana de Aviación

NO ES CONSTITUCIONAL

Sobre la intención de suspenderlo de sus funciones, enviando el caso a la Comisión de Ética del Senado, sostuvo que el oficialismo está en un error y que no tiene una lectura adecuada de la Carta Magna, porque en su artículo 157 dice que las causales para la expulsión de un legislador son muerte y sentencia ejecutoriada, “para la que falta mucho”, por lo que reiteró que apelará la sentencia en instancias nacionales e internacionales.

“Nosotros vamos a defender la democracia en Bolivia y no vamos a permitir que existan más CAMC, fondos Indígenas y gente invalida rogando por un bono de 500 bolivianos, mientras nosotros estamos acá en la plaza Murillo enjaulados, cuando el dinero del pueblo se gasta en hacer palacios”, afirmó el legislador.

POSTURAS DEL OFICIALISMO

Entretanto, los presidentes de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, y de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales, afirmaron que en ningún momento sugirieron que Arturo Murillo debería perder su condición de senador del Estado, pero que sí existe la posibilidad de que su caso se remita a la Comisión de Ética donde, según la gravedad del caso, el reglamento determina la aplicación de sanciones.

Para Montaño, el hecho de que un senador utilice un documento falsificado para acceder a un cargo electivo daña la imagen de la Asamblea.“Lo que tendrá que valorar la Comisión es cuánto se ha afectado a la imagen institucional cuando un Senador del Estado ha sido sentenciado por el uso de instrumento falsificado que le ha permitido llegar a ser asambleísta”, anotó.

SUFICIENTES INDICIOS

El presidente del Senado adelantó que existen suficientes elementos para que la Comisión de Ética “suspenda por lo menos temporalmente” al senador Murillo por cometer faltas éticas, luego de que una juez dictara una sentencia de dos años por uso de instrumento falsificado.

“Yo diría que estamos ante los elementos suficientes como para que la Comisión de Ética analice la posibilidad de suspender por lo menos temporalmente al senador (Arturo) Murillo”, declaró Gonzales al argumentar que en la Cámara de Diputados se suspendió a legisladores ante sola denuncia.

Gonzales expuso que hasta que no exista una sentencia ejecutoriada por el Tribunal Supremo de Justicia, no es posible que el legislador de oposición pierda su curul, pero que sí es factible que su caso se analice en la Comisión de Ética.

SIN COMISIÓN DE ÉTICA

La Comisión de Ética del Senado aún no está conformada en su plenitud, debido a un desacuerdo que existió entre senadoras de la oposición, quienes mutuamente reclamaron ante el pleno camaral que no se las tomó en cuenta para ser parte de la misma, lo que determinó la postergación de la conformación de esa instancia.

Según la senadora Patricia Gómez, esta Comisión deberá tener conformación paritaria, es decir dos senadores del oficialismo, y dos de oposición; uno del Partido Demócrata Cristiano y otro de Unidad Demócrata, bancadas en la que surgieron estos problemas, ocasionando que la designación de la Comisión de Ética quede suspendida hasta el momento.