La Justicia no apunta a los responsables en caso CAMC

La exdiputada de oposición Paola Zapata, luego de prestar su declaración testifical ante la Fiscalía de Distrito de La Paz por el caso de presunta legitimación de ganancias ilícitas de su hermana Gabriela Zapata, advirtió que la justicia no apunta a aquellas autoridades que tuvieron verdadero poder de decisión en el caso CAMC.

Por más de tres horas, la Fiscalía tomó la declaración a la exdiputada, pese a convalecer de una delicada intervención en uno de sus ojos.

“Respetamos la estrategia del fiscal, pero no está demás apuntar que no hay estructura ni estrategia en una investigación que se concentra en aspectos marginales de la causa y no en lo medular que en este caso no es establecer el grado de relación o parentesco de la única detenida con su familia paterna, sus comadres, choferes, cantantes y brujos, sino establecer su relación con quienes tomaron decisiones, con quienes firmaron contratos, acuerdos, protocolos y cheques”, manifestó a Visor Bolivia.

Paola Zapata considera que los casi 600 millones de dólares, producto de la firma de contratos de infraestructura estatal con la empresa China CAMC, tuvieron que salir de las arcas públicas bajo la vista y aprobación de las máximas autoridades ejecutivas (MAE), ministros, viceministros y directores generales, que como agentes públicos con capacidad de decisión, están al margen de la investigación.

“No sé qué información sobre el tráfico de influencias o el uso indebido de bienes podamos aportar quienes no ejercimos cargos en el Gobierno ni estuvimos vinculados ni personal ni comercialmente con los implicados”, añadió.

La Fiscalía ya convocó a parte de la familia, tomó declaraciones a los allegados de la expareja de Evo Morales e incluso al músico Alejandro Delius, quien luego explicó que fungió como “curandero” haciendo “limpias espirituales” a Zapata por una remuneración de 9 mil dólares.

La exgerente comercial de CAMC enfrenta tres procesos: uno denominado tráfico de influencias activado por la Fiscalía; otro por la presunta legitimación de ganancias emprendida por el Ministerio de Transparencia y una demanda de Morales Ayma por la paternidad del hijo que tuvieron ambos en 2007.