Extraña y duele a la colectividad nacional el hecho de que las autoridades de gobierno no actúen conforme a principios de humanidad, comprensión, caridad y respeto por quienes tienen incapacidad para desenvolverse en la vida debido a dolencias, males crónicos, deficiencias de movilidad de sus miembros superiores e inferiores.
La Iglesia e instituciones de toda laya han reclamado por quienes tan solo piden comprensión a su situación y que querrían un bono de 500 bolivianos mensuales para atender, siquiera mínimamente, sus necesidades, especialmente de medicamentos y otros menores. El hecho de mostrar despreocupación, indiferencia, insensibilidad y dejadez con grupos de personas incapacitadas para labores diarias, muestra hasta qué punto el gobierno no se interesa por quienes debería disponer de un presupuesto digno.
Los discapacitados han realizado marchas desde diferentes puntos del país hasta llegar a la sede de gobierno; han pasado por serie de necesidades, privaciones, lluvias, intenso frío, carencia de medicamentos y alimentos; muchos de ellos, acompañados de sus hijos menores que, como es lógico, reclamaron para lograr provisión de alimentos, leche y abrigo. No sensibilizarse ante tanto dolor muestra hasta qué punto hay indiferencia y pasividad con los que más sufren. Alegar que faltan medios financieros para atender los pedidos bajo el fútil pretexto de que “acceder a los pedidos sería desastroso para la economía”, es irresponsable y demuestra carencia de conciencia y solidaridad.
La falta de medios financieros no se justifica ni como pretexto porque hay gastos dispendiosos que el Gobierno podría suprimir, como es el caso de construcciones faraónicas de edificios como son el nuevo palacio de gobierno, la expropiación de inmuebles y luego construcción de un edificio para el Poder Legislativo; es también dispendio el disponer de ingentes recursos para viajes sin ninguna utilidad para el país, compras de aviones, satélites, armas y vituallas para el ejército, posible apertura de una nueva cuenta millonaria para el Fondioc (no obstante toda la corrupción descubierta y que no tiene aclaración de ninguna clase).
Contar con mucho dinero y hacer ostentación de él no es consciente ni razonable; es, desde cualquier punto de vista, indolente y contrario a principios de respeto a los derechos humanos, especialmente cuando el presupuesto anual que se precisaría para atención de pensiones de 500 bolivianos mensuales no significa ni el uno por ciento de lo que se gasta en cuestiones que el país no requiere y que, innegablemente, son prescindibles por innecesarios.
Los discapacitados, como cualquier sector de la población, merecen la mejor y mayor atención de las autoridades y quienes reclaman por esos derechos no hacen más que pedir lo que es justo y lo que pertenece a todos los bolivianos sin distinción alguna.
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