Contraloría exige al Alcalde devolver Bs 2.6 millones

Oruro (EL DIARIO).- La Contraloría General del Estado conminó al alcalde municipal de Oruro, Édgar Bazán Ortega, devolver la suma de Bs 2.6 millones, por haberse dispuesto en las gestiones 2008 y 2009 el pago del Bono Pro Fundación de Oruro a los trabajadores municipales, supuestamente sin respaldo legal.

“Nosotros tenemos respaldo legal y constitucional, pero la Contraloría vuelve a emitir un dictamen que no corresponde a la realidad”, afirmó el alcalde Bazán, al explicar la situación a los periodistas. Dijo que el mismo problema “se aclaró varias veces hace varios años, pero vuelve a repetirse”.

El caso pasó a consideración del Concejo Municipal, para establecer responsabilidades al respecto. Sin embargo, la mayoría de los concejales explicó ayer que el dictamen de la Contraloría debe ser respondida por el ejecutivo, con la documentación pertinente, a fin de evitar un nuevo proceso contra el alcalde.

Por su parte, los trabajadores municipales iniciaron medidas de hecho, como el paro de actividades en Obras Públicas, por el lapso de 24 horas, que se cumplió el pasado miércoles. Otro sector de los funcionarios, advirtió que asumirá otras medidas de hecho, la próxima semana.

“Nos quieren quitar el bono”, afirmó el secretario general del Sindicato Mixto de Trabajadores Municipales de Oruro, Sebastián López. Dijo que durante diez años se ha pagado el bono y, después de ese tiempo, no existe sino una confusión de los funcionarios de la Contraloría que cada año provocan esta susceptibilidad.

Dijo que incluso existe una sentencia constitucional a favor de los trabajadores, porque el bono, ya que después de diez años, “no se puede quitar un derecho adquirido con el tiempo, en base a informes jurídicos que se han constituido como beneficios sociales”.

Según el documento de la Contraloría, que se encuentra en el Concejo Municipal de Oruro, otros funcionarios de la gestión 2008 y 2009 también están obligados a devolver montos de dinero que suman desde 21.000 hasta 716.000 bolivianos, de acuerdo a su grado de participación en la aprobación de ordenanzas y resoluciones municipales que permitieron la aprobación de ese bono.

El bono se pagó también durante la gestión de la exalcaldesa Rossío Pimentel Flores, quien, en forma sistemática, se negó cada año a cumplir esa obligación, pero con paros y huelgas, se dispuso su cancelación, con motivo de la celebración del aniversario de la fundación de Oruro, el 1 de noviembre.

La concejal Denisse Villca, que exige el cumplimiento del dictamen de la Contraloría, dijo que las disposiciones legales “tienen que ser acatadas y se debe exigir al Alcalde la devolución de ese dinero, ya que existe una resolución, después de la auditoría a la economía municipal de Oruro”. Sin embargo, dijo que no se opone al bono, sino a la forma en que se dispone el pago de ese beneficio para los funcionarios municipales, que empieza desde el Alcalde hasta el último empleado.