¿Terrorismo urbano?

La muerte de un anciano trabajador minero el 1 de mayo al tratar de activar un cartucho de dinamita, como corolario de la norma que abroga el DS 1.359, que prohibía la tenencia y uso de explosivos en manifestaciones sociales, enfrenta nuevamente a nuestra comunidad contra las acciones violentas y terror por el uso de explosivos en contra de la propia población trabajadora viandante. Un nuevo decreto de manera insólita repuso el uso libre de explosivos a favor de los manifiestos callejeros que buscan sus reivindicaciones (decreto contrario al ordenamiento legal y por consiguiente nulo de pleno derecho) e increíblemente con patrocinio y protección del propio Gobierno.

Deplorablemente, con la extraña abrogación la actual “administración” encubre y promueve el uso de artefactos explosivos y otros no autorizados, lo que es peor, lo justifica. Así inicia una suerte de terrorismo de Estado por su política de “dejar hacer y dejar pasar”, en contra el Art.9 de la CPE plurinacional concordante con el Art. 211 del Código Penal en vigencia, que imponen como función primordial del Gobierno la defensa de la paz social, la vida e integridad física del ciudadano.

Establece al mismo tiempo sanciones para quienes amenacen la integridad corporal del ciudadano, al suministrar, usar o adquirir materias explosivas inflamables, asfixiantes o tóxicas.

La aberración señalada en el nuevo decreto nos trae a la memoria hechos luctuosos por daños materiales en contra instituciones públicas y privadas, con la agresión por ejemplo al propio Ministerio de Gobierno y sus autoridades, etc., principalmente al ornato público en las “marchas”, así como perjuicios de orden físico - psicológico y otros traumas en la población, que derivaron asimismo en daños personales en contra de los propios mineros durante la manipulación de estos explosivos.

Pero el movimiento sindical para asegurar el éxito en su lucha por reivindicaciones sociales en contra de la violencia estatal y dictaduras, nunca necesitó del uso de explosivos ni detonantes. Al margen del paro y la huelga legales, su verdadero esfuerzo ha sido siempre ideológico y doctrinario, disponiendo de tácticas de lucha adecuadas a las circunstancias, siempre alejadas de la respuesta más perversa con el uso de explosivos contra el mismo pueblo.

Recordamos el triunfo de las mujeres mineras en contra de la tiranía por el retorno a la democracia, que forzaron a los gobiernos a dar libertades y amnistías irrestrictas.

Deplorablemente, para la dirigencia radical actual los recursos legales de paro, huelga, marchas y otras manifestaciones, es decir la resistencia no violenta, no bastan. Pesan mucho más las consideraciones anarquistas, precisamente contra quienes los apoyan, es decir transeúntes trabajadores. Hay que acabar con la consigna de que hoy el único instrumento a la mano es la violencia, esta vez con la dinamita como herramienta, como instrumento político que tendrá justificación con apoyo del Gobierno.

En conclusiones, los líderes mineros y otros dirigentes sindicales deben convencerse de que la violencia engendra violencia y los introduce en un círculo incontrolable del que es difícil salir, volviéndose más temprano que tarde contra sí misma, ya que tiende a reproducirse continuamente. Es decir que la violencia nada resuelve, por el contrario agrava las situaciones de injusticia y finalmente si logra éxito, crea nuevas situaciones de injusticia contra los propios fines que perseguía. Así que por el momento lo primordial es reforzar la revolución con ideales, sin explosivos.

Les recordamos finalmente que el abuso de la fuerza repugna a los bolivianos, particularmente a los perjudicados de “a pie”, que son promotores de su propio desarrollo, deambulando las calles excluidos por falta de empleo y miseria, preocupados por sobrevivir, cuya única “división del trabajo” es de “pobres contra pobres”.