Centralismo, escollo para autonomías

En 1877 se produjo en Santa Cruz la revolución igualitaria, presidida por Andrés Ibáñez, que gritaba en la Plaza de Armas: “todos somos iguales”, cuánta razón tenía. Este oriental estaba convencido de que el centralismo era un escollo para las aspiraciones de los pueblos sometidos desde los inicios del republicanismo. Un cambio significa reforma en la Constitución Política, para acabar con el centralismo que anula a las regiones.

Actualmente se intenta llegar a la descentralización, porque los departamentos están cansados de estar sometidos a un centralismo secante. Los gobiernos que se sucedieron hasta nuestros días siempre ha estado sometidos a una dura política centralista y en todo nivel. Como consecuencia, hubo varias tentativas para liberarse del poder central, a título de federalización, que es una forma de gobierno por la cual cada región se sostiene con sus recursos propios, funcionando como estados independientes.

Este tipo de gobierno, aplicado en países del área latina, en Bolivia no podría subsistir, por ser un país pequeño, de 10 millones de habitantes. El sistema federal permite el funcionamiento de estados independientes, aunque a la vez dependen de un poder central.

Bolivia todavía no podría acomodarse a un Estado federativo, porque no hay condiciones para adoptar este sistema de gobierno, pero sí se puede dar lugar a la autonomía de las regiones, pero dependiendo del poder central. La Ley marco de autonomías y descentralización prevé diversas opciones, que se presentan en las regiones o departamentos y una de ellas es la aplicación de competencias en salud y educación. Si bien los ministerios están en la sede de gobierno, distribuye fondos económicos el Gobierno central, aunque ya no debiera ser así. Este sistema de funcionamiento ocasiona resistencia en las regiones autonómicas, porque da lugar al mantenimiento del centralismo.

El funcionamiento de las áreas educativas y de salud es sincronizado desde el poder central, donde están los ministerios de Educación y de Salud. Entonces el concepto de autonomía significa solamente dispersión y funcionamiento, en diferentes áreas, bajo la tuición de un poder central. Por ello surge la queja de las regiones, porque se quiere más autonomía de gestión.

Desde hace tiempo las regiones han pedido más recursos económicos para hacer obras y con manejo independiente del poder central. Tal pedido es siempre negado. Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y otros departamentos apoyan el pedido de las regiones que demandan autonomía.

Pero el reconocimiento de estatutos y reglamentos aprobados en los departamentos que piden autonomía avanza poco, porque en realidad la Ley marco de autonomías y descentralización tiene ejecución relativa. No cumple lo que quieren los departamentos con estatutos autonómicos y reglamentos aprobados, porque falla el factor económico y por tanto la ejecución de obras. Además cada estatuto tiene que ser considerado en asamblea departamental, donde están representados los partidos políticos, haciendo más difícil su aprobación, lo que perjudica a la región.

El Gobierno y los organismos correspondientes deben intervenir para que se satisfaga a las regiones que demandan autonomía. Por estas consideraciones, los departamentos del país se hallan ante una disyuntiva, porque durante años se había luchado por una verdadera autonomía, que les permita utilizar sus propios recursos. De tal modo lograrían independencia económica para funcionar como verdaderas regiones autonómicas, apartadas del centralismo estatal, lo que no sucede ahora, porque siempre se está pidiendo ayuda del Gobierno central. Las poblaciones departamentales expresan su malestar porque este tipo de autonomía no funciona como querrían, sin tanta dependencia del poder central.

El autor es profesor emérito y ex Decano de Odontología UMSA.