Grupos vulnerables

Respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, en especial de las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, constituye la principal obligación de cualquier Estado. En esta misma línea de entendimiento, la CPE determina que uno de los fines y funciones esenciales del mismo es garantizar bienestar, desarrollo, seguridad y protección e igual dignidad de las personas. Lamentablemente, el principal garante de los derechos humanos (por lo menos doctrinalmente), ha consentido que personas con capacidades diferentes emprendan un lamentable peregrinaje por 35 días rumbo a la Paz a efectos de lograr un bono de 500 bolivianos, muchas de ellas acompañadas de niños, mujeres y personas de la tercera edad, lo que indudablemente pone en serio riesgo la integridad física, psicológica y demás derechos conexos de este vulnerable sector. En este lamentable escenario, el Estado no asume plenamente su rol, cercando plaza Murillo y montando una especie de diálogo artificial solo con sus sectores afines y desahuciando la principal demanda que motivó tremenda peregrinación, por lo que me permito expresar tres criterios:

1.- La doctrina del derecho internacional de los derechos humanos ha establecido que deben ser prioritarias las estrategias de reducción de la pobreza, con especial atención en grupos objeto de discriminación estructural, excluidos y marginados (mujeres, niños, personas de la tercera edad, personas privadas de libertad, personas con capacidades diferentes, etc.).

2.- Estos grupos vulnerables por encontrarse en situación de clara desigualdad ameritan una protección especial, en otras palabras son sujetos de una doble protección de constitucionalidad o denominada también protección reforzada de constitucionalidad.

3.- Esta protección reforzada de constitucionalidad tiene la finalidad de situar a estos grupos vulnerables, desfavorecidos o marginados en un nivel de vida digno a través de medidas que tiendan a establecer condiciones favorables para la materialización de la igualdad entre hombres y mujeres.

No obstante todo lo referido, me causa profunda consternación la falta de voluntad política para otorgar condiciones que permitan a estos sectores vulnerables ser amparados por esta protección reforzada de constitucionalidad. No otra cosa puedo manifestar si al revisar las noticias me entero de que siguen habiendo niños viviendo en las cárceles, que sigue habiendo una enorme brecha de descobertura en salud, que más de la mitad de la población paceña no cuenta con alcantarillado; en contrasentido, reviso noticias donde se presume la construcción de 5 edificios gubernamentales por aproximadamente 950 millones de bolivianos, que se seguirá invirtiendo en canchas, teleféricos, propaganda política, Dakar, etc.

El Estado tiene la obligación de retomar su rol de garante del vivir bien, debe por tanto reorientar sus prioridades de inversión a favor de todos los bolivianos, en especial de los grupos vulnerables, en caso contrario nos esperan más días de conflictos y protestas sociales que esperemos no terminen cobrando vidas.

Encuentro obligatorio también resaltar el valor y la fortaleza de todos aquellos niños con capacidades diferentes que por diversas circunstancias del destino y la contribución de la indolencia del Estado, tuvieron que ser parte de esta marcha y aún continúan en la ciudad de La Paz en situación de extrema vulnerabilidad (Kevin, Heidi, Esmeralda, Damiana, entre muchos otros).

El autor es Máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional.