Rodrigo Burgoa Terceros
Recientemente se ha conocido que el Gobierno chileno instaló una base militar a escasos kilómetros de los manantiales bolivianos del Silala. Así lo dio a conocer el presidente Morales mediante su cuenta oficial de Twitter, calificando este hecho como “… una agresión a la vida y a Bolivia”. Sin duda, esta decisión chilena refleja cierto recelo ante la posibilidad de perder una ventaja económica ilegítima que ha dinamizado a la principal industria que impulsa su economía desde hace un siglo.
Se debe recordar que desde hace más de una centuria Chile utiliza las aguas de los bofedales del Silala sin pagar por ellas ni un centavo. El país trasandino utiliza el caudal para nutrir de agua potable al territorio que otrora fue boliviano, es decir, las localidades de San Pedro de Atacama, Calama y Antofagasta, entre otras. De igual manera, estas aguas permiten el funcionamiento de la industria del cobre, con su mina principal Chuquicamata, que ha sostenido económicamente al país vecino desde que fue descubierta en el territorio que correspondía a Bolivia antes de 1879. No por algo el desaparecido ex presidente de ese país, Salvador Allende, ha denominado a esta mina como “el sueldo de Chile”.
En contraste, se tiene a los habitantes de la provincia boliviana de Sud Lípez del departamento de Potosí, potenciales beneficiarios de estas aguas. En esta región, la situación es dramática, aproximadamente el 99% de los pobladores de esta provincia no cuenta con agua potable para su consumo. Asimismo, todos los municipios de esta región están catalogados en la categoría V de pobreza, según la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM). Es decir, los residentes de Sud Lípez se encuentran en extrema pobreza. Pese a esta situación, cada día que pasa los potosinos pierden una suma importante de dinero debido al caudal boliviano conducido a territorio chileno.
Para entender la cantidad de dinero que se pierde por el desvío artificial de las aguas de esos manantiales bolivianos, a continuación se detalla el resultado de cálculos económicos aproximados. Considerando que la estimación más baja afirma que el caudal de manantiales es de 230 litros por segundo y tomando como precio de referencia la tarifa variable que cobra la empresa de aguas de Antofagasta, 2.24 dólares americanos por cada metro cúbico; Bolivia deja de recaudar anualmente al menos 16.2 millones de dólares. Tomando en cuenta que la deuda data de principios del siglo pasado, Chile debe a Bolivia cerca de 2 mil millones de dólares en el peor de los casos. El total de la deuda chilena es incluso mayor al Producto Interno Bruto (PIB) potosino correspondiente al año 2014. Sin embargo, es más útil para una mayor comprensión, realizar el análisis de manera per cápita. Siguiendo este razonamiento, cada potosino recibiría casi 2.200 dólares americanos si la nación chilena honrara la deuda histórica.
Como se puede apreciar, se trata de una suma importante de dinero que podría impulsar el desarrollo de una región tan deprimida como es la de los Lípez. La otra opción es retomar y ampliar los proyectos de desarrollo, que resulten factibles, con base al aprovechamiento de las aguas del Silala. De esta manera, se podría incrementar los ingresos regionales, sin que esto quiera decir que Bolivia renuncie a la deuda histórica del usufructo chileno.
Finalmente, es importante reafirmar que Bolivia es un país pacifista. La mejor respuesta ante instalaciones de bases militares chilenas será invertir en la elaboración de estudios técnicos y económicos que, junto a los jurídicos, demuestren que las aguas del Silala son de manantiales bolivianos y que existe una cuenta pendiente a raíz del aprovechamiento ilegítimo de esas aguas por parte del país del Mapocho. Sin duda, con la fuerza de la razón, se llegará a la verdad.
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