Tras un período de alza llegó la baja inesperada

El alza del costo por barril de petróleo, permitió que desde el 2004 el precio de exportación del gas natural también se incremente. Esta situación, con sus constantes variaciones, persistió hasta julio del año 2014, cuando el precio internacional del petróleo inicia un franco descenso y, por lo tanto, también disminuye el precio de exportación de gas natural boliviano.

Entre 2004 y 2014 los precios de exportación de gas natural, sumado al incremento en la producción de gas natural, originaron un récord histórico en los ingresos por concepto de renta petrolera. El tamaño de la torta a ser repartida se incrementó notablemente y, por tanto, el tamaño de la tajada para el Estado también se vio incrementado notoriamente hasta el año 2014, llegando a un valor de 5.490 millones de dólares.

Posteriormente, cuando el precio internacional del petróleo inició una tendencia a la baja, los ingresos para el Estado también empezaron a caer notablemente, afectando también la renta petrolera que bajó a 3.837 millones de dólares para el año 2015.

En la época alta de ingresos, el efecto de los contratos de operación negociados el 2006, como resultado del Decreto de Nacionalización Nº 28701, permitió incrementar la renta petrolera en un promedio de 16%.

IMPACTOS E INGRESOS

Por tanto, el principal impacto para la generación de ingresos se debió a la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos–IDH (barra celeste), vigente desde el año 2005. En ese sentido, la participación del IDH alcanza a 40% sobre el total de la renta.

Consecuentemente, de no haberse aprobado el Decreto de Nacionalización el incremento de los ingresos fiscales se hubiese producido –tal como sucedió– por el incremento de precios internacionales, por el IDH y por los mayores volúmenes de producción.

Anteriormente, se mencionó que uno de los resultados posteriores a la nacionalización fue un incremento en la producción de gas natural; sin embargo, esto se debe a mayores inversiones en la actividad de explotación, básicamente desarrollo de los campos que ya se encontraban en explotación, y no así en exploración.

En el gráfico siguiente se muestra el comportamiento de la inversión sectorial en los últimos 7 años, es decir incluye la inversión tanto de las empresas petroleras que operan bajo los contratos de operación, como aquellos realizados por YPFB Corporación.

En los últimos dos años existe un salto importante en inversiones de la actividad de exploración, siendo que los datos correspondientes a períodos anteriores son significativamente menores, mostrando el descuido de esta importante actividad cuyos resultados son los que se afrontan actualmente.

De acuerdo con información facilitada por la estatal petrolera en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas inicial 2016, la mayor parte de la inversión en exploración y explotación proviene de YPFB Corporación, aspecto que resulta llamativo, ya que la exploración es por definición una actividad riesgosa y, al parecer, se planea invertir importantes montos con dinero público mediante YPFB Casa Matriz. Adicionalmente, hasta la fecha no se tiene registro de actividad exploratoria en áreas nuevas por parte de YPFB Corporación.

Llama la atención que en 2016, una década después de la nacionalización de los hidrocarburos, el monto invertido por las empresas con contratos de operación es menor que el observado en los últimos 5 años; aspecto que siembra la duda sobre el efecto de la tan debatida Ley de Incentivos Petroleros.

PLAN NACIONAL

Un mes después de la promulgación del D.S. 28701 de nacionalización de los hidrocarburos, en junio del año 2006, el gobierno del presidente Evo Morales presentaba al país el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual establecía que la explotación de minerales e hidrocarburos tenía carácter estratégico en la medida que serían sectores generadores de excedentes para el desarrollo económico y social del país.

Sin embargo, luego de 10 años se observa que los ingresos fiscales dependen, en gran medida (más de un tercio), de la actividad hidrocarburífera. Cerca de la mitad de los ingresos por exportaciones del año 2015 provienen de la exportación de hidrocarburos, aunque en el año 2013 este indicador alcanzó a 55%.

A más de una década de cambios en el sector, no se ha podido avanzar en diversificación económica. En departamentos productores como Tarija, la dependencia de la regalía hidrocarburífera es sumamente alta, considerando que el 90% de los ingresos corrientes de la Gobernación de ese departamento proviene de esa fuente.

PARTES CONCLUSIVAS

A los 10 años de la nacionalización de los hidrocarburos, se pueden cotejar varias conclusiones de los aciertos y contradicciones que tuvo este proceso, y lo que significó para la historia del país.

La nacionalización de los hidrocarburos se basa, principalmente, en retomar el control de toda la cadena productiva por parte de YPFB y recuperar las empresas capitalizadas, en tal sentido, al estar YPFB a cargo de la gestión del sector hidrocarburos es la instancia que debe asumir la responsabilidad de los aciertos y desaciertos de la misma.

El aporte del Decreto de Nacionalización No. 28701 a la renta estatal fue, en promedio, de 16% sobre el total, debido a la participación de YPFB en las utilidades de los nuevos contratos petroleros. En consecuencia, los principales factores para el incremento de la renta petrolera fueron la subida del precio internacional de los hidrocarburos, la creación del IDH y el aumento en los volúmenes de producción.

La producción de hidrocarburos se ha incrementado en 50% en los últimos cinco años, sin embargo, ello implica una explotación más rápida de reservas ya conocidas y no así nuevos descubrimientos de gas natural o petróleo.

El Decreto de Nacionalización y las políticas implementadas en los últimos 10 años no han creado las condiciones para impulsar la actividad exploratoria, esto afecta la sostenibilidad de ingresos fiscales a largo plazo, así como la posición de Bolivia para la gestión de nuevos mercados o la renegociación de contratos, como el suscrito con Brasil que culmina el año 2019.

Las políticas públicas no han sido bien orientadas en lo referido al uso y destino de la renta petrolera, considerando que no se ha avanzado en la diversificación de la economía y se mantiene la dependencia de la renta petrolera tanto en temas económicos como sociales.

El Pacto Fiscal es el escenario adecuado para debatir un nuevo régimen fiscal que, para el caso de los hidrocarburos, permita dar sostenibilidad a la actividad exploratoria, además de definir una mejor distribución, uso y destino de la renta hidrocarburífera.