Defensoría del Pueblo asegura:
• La autoridad afirmó que esto se debe a las promesas incumplidas por parte del sector
El representante del Defensor del Pueblo en El Alto, José Luis Hidalgo, aseguró que los vecinos alteños no confían en las promesas de los choferes y dudan que el Municipio garantice la eliminación del cobro por tramos.
Asimismo, afirmó que a esto se agrega que funcionarios de Tránsito no cooperan con el control de las rutas de parada a parada.
ABUSOS
Según las declaraciones de la autoridad, desde la pasada gestión municipal, a la cabeza de Edgar Patana, las amenazas y presiones del sector de los choferes por definir un incremento de pasajes sin emprender mejoras a su servicio son constantemente criticadas por los usuarios, quienes exigen se elimine el cobro por tramos, la tarifa nocturna ilegal, el maltrato y la inseguridad que afecta a toda la población y que, además, se identifique el sindicato correspondiente de cada automotor.
“Por todo ello es que surge una desconfianza por parte de los vecinos y del propio Municipio en contra de los conductores del transporte público (minibuses), para que ellos puedan eliminar el trameaje y como respuesta se apruebe una nivelación de pasajes”, indicó.
La autoridad recuerda que si bien en la pasada gestión del exalcalde Edgar Patana, se instalaron mesas de trabajo con el sector de los choferes donde se comprometieron a realizar un control de sus rutas, eliminar el trameaje e identificar con colores el sindicato al que pertenecen. “Estos aspectos se han cumplido de manera parcial”.
Los controles de las rutas duran unas semanas, luego desaparecen y lo propio ocurre con la identificación de los sindicatos por parte de sus afiliados, sólo para muestra se identificó a unos cuantos y al final nadie cumplió, asegura la autoridad.
“Por lo tanto, esos compromisos, al ser incumplidos, nuevamente la discusión de vecinos y del Municipio, es pedir a los choferes una solución para que garanticen el cumplimiento de, por lo menos, la eliminación de los trameajes”, remarcó.
CONTROLES
Otra de los factores que observa esta instancia, es la ausencia de una normativa que permita no sólo definir la instancia de control, sino las multas y sanciones que se deben aplicar en contra de los infractores, vacío legal que el Municipio debiera definir como mecanismos de control al igual que se define en el Gobierno Municipal de La Paz, donde la eliminación del trameaje lo asume la Alcaldía.
“Si bien los controles a los choferes, por norma, corresponden al Municipio, existe una debilidad en este ámbito porque los jóvenes de la Guardia Municipal, al ser un grupo laboral sin respaldo legal, no pueden realizar la aplicación de sanciones a los infractores, por lo tanto pierden autoridad y se ocasiona una vacío en el cumplimiento de esta función”, indicó.
A ello se suma la inestabilidad laboral que debe enfrentar este grupo de trabajadores, quienes en su condición de consultores en línea cumplen un determinado tiempo, son capacitados, pero luego de un año o menos, nuevamente son retirados y no existe otra instancia que logre suplir estas funciones.
TRÁNSITO
En cuanto a la instancia policial, al depender sus funcionarios del Ministerio de Gobierno, existe el problema de que no lleguen a cumplir la norma de coadyuvar con el Municipio por un factor de interés político.
“Tránsito, recordemos que en la gestión de Edgar Patana al igual que en La Paz, nunca coadyuvó a las políticas del Municipio en lo que respecta al control de las rutas del transporte público. Por lo tanto, el conflicto se amplía más porque de acuerdo a las autonomías, si bien corresponde al Municipio, las instancia cooperante debe ser la Policía, pero al depender del Poder Ejecutivo, ésta no responde”, aclaró.
La autoridad advierte que cualquier control ejercido por otra instancia, como se propuso en un momento por parte de los vecinos, corre el riesgo de generar una confrontación con los choferes, factor que terminaría, posiblemente, con hechos de violencia.
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