Carlo Marvin Ramírez Aramayo es el cuarto imputado dentro del caso de tráfico de influencias por el cual se favoreció a la expareja del presidente, Evo Morales, y se adjudicaron millonarios contratos a la Empresa China CAMC, según informó el fiscal departamental Edwin Blanco, que adelantó que hoy se daría la audiencia de medidas cautelares.
La Fiscalía imputó el martes a Ramírez, por la supuesta comisión de los delitos de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes del Estado y uso indebido de influencias, estos últimos dos cargos, en grado de complicidad.
Según las investigaciones preliminares, para Blanco, los indicios establecen la probabilidad de que Ramírez “utilizó de manera abusiva y arbitraria” las dependencias de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), dependiente del Ministerio de la Presidencia, según figura en los registros de ingresos electrónicos de esta Unidad.
Blanco detalló que Ramírez prestó su declaración informativa el lunes por la noche, luego de ser aprehendido en la ciudad de Santa Cruz, en un operativo de acción directa de la policía, debido a los varios indicios hallados en su contra; de los cuales el fiscal se negó a dar detalle, bajo el recurrente argumento de que es por “estrategia”.
Explicó que el ahora imputado no es funcionario público, sino un particular que junto a la expareja del presidente Morales frecuentó la UAGS, y por sus declaraciones, es administrador de empresas.
Luego de pasar a conocimiento del juez, se espera que hoy se dé la audiencia de medidas cautelares en juzgado primero anticorrupción a cargo de Cinthia Delgadillo.
PRUEBAS
Por otro lado, Blanco adelantó que la audiencia de apertura de pruebas de este caso, se desarrollará hoy en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), a donde deben ser llevados los otros tres coimputados, Gabriela Zapata, la exjefa de la UAGS Cristina Choque y el responsable de almacenes, Jimmy Morales Cuba.
Entre las pruebas precintadas, están los libros de registros y computadoras secuestradas de la casa de Zapata y la UAGS. La audiencia ha sido suspendida en dos o tres ocasiones debido a errores en la notificación de las partes, atribuidas al juzgado.
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