Las cumbres de justicia

Éstas a nivel departamental serán conducentes a la Cumbre Nacional, habiéndose realizado la de La Paz. Por el momento, no hay trascendidos sobre el particular y tampoco se conoce las ponencias que pudieron presentarse, menos se sabe acerca de su calidad. Lo que se aprecia hasta el momento es que no ha sido fácil la asistencia al evento a nivel institucional ni personal. Se requería inscripción y llenar algunos requisitos. Los movimientos sociales adictos al oficialismo figuran como los principales actores, mientras las condiciones no garantizaban la concurrencia de entendidos y expertos.

Al parecer los grandes ausentes fueron el Colegio de Abogados de La Paz y las facultades de Derecho, organismos que podían aportar sus conocimientos y adecuados criterios vivenciales. Abogados y juristas que con anterioridad difundieron sus propuestas y planteamientos de reforma -algunos con profundidad y extensión- hasta donde se sabe no han sido tomados en cuenta.

Sin duda, los movimientos sociales harán conocer aspectos puntuales o quejas sobre la retardación y las corruptelas judiciales, aporte que puede enriquecer el cuadro general, pero que no ataca de modo estructural la complejidad del tema, cuya efectividad supone una labor especializada, sostenida y pausada de laboratorio.

El Gobierno, a su vez, carece de un estudio condigno y por ello como en otros rubros recurre a las “cumbres” que, además, le sirven para ofrecer un marco de participación popular. Son muchas hasta el momento las “cumbres” de salud, seguridad ciudadana, etc., pero de las cuales poco o nada se ha obtenido como conclusión y menos desde el punto de vista operativo. La falta de un debate público -como la naturaleza del tema lo exige- se debe a la ausencia de un planteamiento oficial y pese a algunas iniciativas particulares, tampoco han merecido comentario ni alternativas gubernamentales. La reforma del Código de Procedimiento Civil aún no encuentra acomodo ni eficacia. La judicatura en su conjunto es otro gran ausente en las presentes circunstancias.

En este tren es predecible que la cumbre nacional no arribe a puerto seguro y sería lamentable que la colectividad sufra una nueva frustración. Seguramente el cambio de la justicia del país es inconcebible sin una reforma constitucional que, de momento, no se vislumbra, a menos que seamos sorprendidos con su convocatoria. Lo más probable es que a la postre se nos invite a una nueva elección para constituir la cúpula judicial, con algunos ajustes al proceso de selección de candidatos. Las cosas no irán más allá.

Si se abre el camino de reforma constitucional, la opinión pública teme que se trate de una coyuntura para promover algún recurso leguleyesco que posibilite una repostulación del presidente y vicepresidente. De ser así, el tema justicia pasará a un tercer plano y los vicios que la acompañan se consolidarán, para padecimiento público.