La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que afecta la forma de interactuar y participar plenamente.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien posee una o más discapacidades como persona con discapacidad, a “ciegos”, “sordos”, “personas con movilidad reducida”. La persona con discapacidad es un sujeto de derecho. El ejercicio de los mismos se ve dificultado y vulnerado por su condición de inferioridad. También se dice que una persona con discapacidad física o mental tiene una función intelectual básica limitada, respecto a la media o anulada por completo. En la sociedad actual hay una tendencia a adaptar el entorno y los espacios públicos a las necesidades de las personas con discapacidad, a fin de evitar la exclusión social, pues una discapacidad se percibe como tal, en tanto que la persona es incapaz de interactuar por sí misma con su propio entorno.
En este enfoque la discapacidad es una colección compleja de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente social, razón por la cual la gerencia del problema requiere la acción social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales necesarias para la participación completa de la persona con discapacidad en todas las áreas de la vida. La mayor desigualdad se da en la desinformación sobre la discapacidad y el no saber cómo desenvolverse con la persona discapacitada.
La sociedad debe eliminar las barreras para lograr la equidad de oportunidades entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Para lograr esto, tenemos tecnología y recursos económicos de apoyo. Este paradigma toma a la persona con discapacidad como sujeto con derechos que no son ejercidos, sí vulnerados por su condición de inferioridad.
Actualmente todo individuo, sin importar su discapacidad, tiene derechos humanos que deben ser respetados. Puede tener movilidad reducida y otros problemas, pero siempre debemos anteponer la palabra “persona”, a fin de hacer énfasis en sus derechos humanos y su derecho a ser tratado con igualdad. El ejercicio de sus derechos se ve dificultado y vulnerado por su condición de inferioridad.
Por eso es necesario interactuar con los sistemas de educación, salud y desarrollo social y económico en sus distintos niveles, con énfasis en los sectores más vulnerables de la sociedad, como el de las personas con discapacidad y con necesidades básicas insatisfechas.
En nuestro país cuando se hace permanente y costosa publicidad sobre la bonanza económica, es lógico suponer que se solicita ser parte de los beneficios económicos ante el derroche que se hace por quienes se encuentran en función administrativa del gobierno. No atender solicitudes irrisorias para cada individuo, responder con soberbia y represión policial, hacer oídos sordos y enjaularse con el núcleo palaciego haciendo ostentación de poder, disponiendo a su antojo de calles y espacios, impidiendo la cotidiana actividad laboral, circulación y movilidad del pueblo, es negligencia, insensibilidad y discriminación, lo que es reprochable.
No atender el pedido de los discapacitados es un atentado a los derechos humanos, es violencia sancionada por nuestras leyes. Tal actitud que está siendo condenada a nivel internacional, descalifica más al actual Gobierno que cada día va perdiendo apoyo.
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