Indiferencia con discapacitados

Con asombro y, en casos, hasta con indignación se está observando la indiferencia oficial con la movilización de los discapacitados, que básicamente se trata de un problema humanitario que, en cualquier parte y en todo caso, suscita sentimientos de pesar, acompañados de comprensión y solidaridad.

La movilización, de características nacionales, se inició en Cochabamba hace más de dos meses. Al no encontrar la atención oficial que requería su modesto pedido de tener un ingreso mensual de Bs. 500, en vez del bono anual de Bs. 1.000, las personas discapacitadas adoptaron la decisión más extrema que podía imaginarse.

Emprender una marcha por las carreteras hacia La Paz, en la esperanza de que por encontrarse aquí la sede del Gobierno, obtendrían mejor resultado, suponiendo que su presencia testimonial alcanzaría la solución a su pedido.

Para sorpresa pública y amargura de los participantes en la movilización, las autoridades gubernamentales no les ofrecieron el tratamiento que pudieron haber imaginado.

Su anhelo era ser recibidos por el presidente Evo Morales para sostener un diálogo, en el entendido de que esta es la vía más conducente para que las partes, al tener diferencias, hagan conocer sus respectivas posiciones acerca de la situación creada.

En primer término, era elemental la obligación de que por sensibilidad social y humanitaria el presidente les recibiera en Palacio de Gobierno, ni siquiera como contraparte, sino en gesto hasta paternal. Un gesto de tal naturaleza no lo disminuía, más bien lo enaltecía como a un mandatario, siempre dispuesto a hablar con los compatriotas.

Una vez producida la reunión correspondiente, los discapacitados tendrían la posibilidad de exponer las motivaciones que les inducían a formular su solicitud. A su vez, el presidente tenía la oportunidad de explicar que no era posible que el Estado pueda comprometerse a asumir un compromiso en los términos que estaba planteada la demanda económica.

En esas circunstancias, se abría un espacio propicio para que surjan diversas iniciativas, de una y otra parte, para encontrar alguna forma de conciliar posiciones, como siempre tiene que ocurrir en un diálogo civilizado, más todavía, de familia, antes que de adversarios discrepantes, porque hay que comprender que no se trata de una eventualidad de semejante índole, el asunto involucra a los bolivianos, no a extraños y menos a contendientes con intereses ajenos.

Nada de esto ha sucedido, deplorablemente. El trato oficial a las personas discapacitadas ha sido de desprecio y animadversión. Peor aún, de precipitar acciones policiales represivas contra gente inválida, postrada en sillas de ruedas, o apenas movilizadas con la ayuda de muletas y bastones.

La reacción gubernamental ha sido mucho más cruenta. Una y otra vez se reprime a los discapacidos hasta llegar a lo más insólito. A los que están postrados en sillas de rueda voltearlos al suelo y allí maltratarlos y dejarles poco menos como desechos humanos. Esto no se ha visto en lugar alguno del mundo, pero Bolivia seguramente está escribiendo la historia más inhumana de la que se tenga memoria, no precisamente porque haya una guerra entre iguales, sino una vergonzosa forma de imponer la fuerza contra personas indefensas físicamente.

La cuestión llegó a despropósitos inimaginables. De la plaza Murillo, donde está situado el Palacio de Gobierno, sus accesos han sido cercados con vallas metálicas. Adicionalmente, con el resguardo de 251 policías, que para no dar margen a que en instante alguno, de las 24 horas del día, se carezca del mismo, se dispuso relevos de policías cada seis horas.

A pesar de tan impresionante demostración de fuerza y de repudio a las personas discapacitadas, éstas mantienen una especie de asedio a la plaza, desde hace más de dos semanas, instalando su “campamento” en vías contiguas a las de la plaza, donde pasan hambre y en la noche duermen expuestos a cielo abierto, soportando todos los rigores del frío que caracteriza a los inicios de toda estación de invierno.